Los dueños de Banca de Andorra (BPA) denuncia amenazas de mandos policiales españoles para tener datos del caso Pujol

Actualizado 12/11/2016 11:59:56 CET
Sucursal de BPA en Andorra
EUROPA PRESS

Se reunieron con el jefe de Asuntos Internos de la Policía, Martín Blas, que les pidió datos de Artur Mas, Junqueras y los Pujol

BARCELONA, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de Banca Privada de Andorra (BPA), Higini Cierco, ha denunciado este jueves ante la juez instructora del 'caso BPA', Canòlic Mignorance, "amenazas y extorsiones" por parte de mandos policiales españoles un año antes de la intervención del banco, que las ha relacionado con el 'caso Pujol'.

En un comunicado, los hermanos Higini y Ramon Cierco, accionistas mayoritarios de BPA, han explicado que han declarado ante la juez por la intervención de la entidad el 10 de marzo de 2015 tras la acusación de blanqueo de capitales por parte de la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, y que se ha puesto en conocimiento de las amenazas "con valor de denuncia".

Según Higini Cierco, estos "mandos policiales españoles" le advirtieron de que, si no colaboraba con ellos aportando información financiera sobre el expresidente de la Generalitat Jordi Pujol, actuarían contra BPA incluso a través de la administración estadounidense.

Cierco ha afirmado que el Gobierno andorrano está al corriente "desde hace meses" de las presiones recibidas, porque se ha informado personalmente a diferentes de sus integrantes, entre ellos el máximo responsable del ejecutivo, Toni Martí, y diversos ministros.

Higini Cierco y los asesores legales han puesto los hechos en conocimiento de la juez para que adopte las medidas legales pertinentes y han anunciado el impulso "de cuantas acciones legales sean necesarias" una vez ya ha quedado la situación denunciada en sede judicial.

DENUNCIAN QUE LES AMENAZARON CON EL QUE EL BANCO "MORIRÍA"

Higini Cierco ha explicado que en mayo de 2014 recibió una llamada del agregado de Interior en la Embajada de España en Andorra, Celestino Barroso, pidiéndole que se reuniera con "unas personas en Madrid, o de lo contrario el banco moriría".

En ese momento, la filial española de BPA, Banco Madrid, estaba sometida a una inspección ordinaria del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias de España (Sepblac), y Cierco dirigió a Barroso al consejero delegado del banco, Joan Pau Miquel, que lo recibió en la sede central de la entidad, donde el agregado de Interior insistió en que "si no se colaboraba con lo que les pedirían, el banco desaparecería".

REUNIÓN MARCELINO MARTIN BLAS

Ha relatado que el consejero delegado de BPA se reunió con el comisario jefe del departamento de Asuntos Internos de la Policía Nacional española, Marcelino Martín Blas, quien "le reitera las amenazas exigiéndole, como ya había hecho con Higini Cierco, información bancaria de Artur Mas, Oriol Junqueras, Jordi Pujol y sus respectivas familias", detalla el comunicado.

"El resultado de los datos que se facilitan es la publicación de una información en un rotativo español que obliga al expresidente de la Generalitat a admitir la existencia de una herencia depositada en el extranjero", añade, y resalta que BPA nunca tuvo más de cinco millones de euros de la familia Pujol.

Ha argumentado que los hechos derivaron con la nota del FinCEN "probablemente porque la cantidad de dinero depositada en el banco les pareció insuficiente por los indicios que pudieran tener de la operativa bancaria que los Pujol hubieran podido llevar a cabo durante décadas en Andorra".

LEGALIDAD

En la declaración de este jueves, los hermanos Cierco han corroborado ante la juez que la entidad actuó siempre siguiendo el marco legal andorrano vigente en cada momento y que cooperó siempre tanto con los organismos de control y supervisión estatales como con las empresas auditoras que avalaron anualmente la operativa de la entidad.

Ramon Cierco ha sido el primero de los accionistas mayoritarios en comparecer ante la juez en el marco de la querella interpuesta por el Gobierno de Andorra, y ha explicado que el control del día a día de la entidad estaba en manos de los ejecutivos y que los presidentes asumían aquellas funciones descritas y reconocidas en los estatutos de la entidad.

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