Actualizado 29/01/2002 17:59 CET

Los trabajadores de Sintel amplían la querella a todos los miembros del consejo de Telefónica de 1998

MADRID, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La asociación de trabajadores de Sintel presentó hoy ante la

Audiencia Nacional una ampliación de la querella criminal por estafa

presentada en julio de 2001 por la Fiscalía Anticorrupción contra los

responsables de Telefónica, que afecta a todos los miembros del

consejo de administración de la operadora en 1998.

De esta forma, la querella se amplía al entonces presidente de la

compañía, Juan Villalonga, al vicepresidente ejecutivo, Javier

Revuelta, a los vicepresidentes, José María Concejo, Isidro Fainé y

Francisco Roldán, así como a los quince vocales, entre los que se

encuentran César Alierta y Alberto Cortina.

Los trabajadores consideran que los hechos descritos en la querella,

que también se dirige contra Telefónica como responsable civil

subsidiaria, pueden suponer un delito de extorsión, castigado con la

pena de uno a cinco años de prisión. En la querella, que se basa en

nuevos datos recabados en estos últimos meses que, según los

trabajadores, involucran tanto a los actuales como a los antiguos

máximos responsables de la operadora, se sostiene que con la venta de

Sintel a Mastec Internacional, Telefónica "experimentó una pérdida

patrimonial de aproximadamente 1.200 millones de pesetas" (7,21

millones de euros).

Los trabajadores señalan que el valor patrimonial de Sintel en el

momento de su venta, el 30 de abril de 1996, era de 6.250 millones de

pesetas (37,56 millones de euros), pero que el precio acordado en la

operación fue de 4.900 millones de pesetas (29,45 millones de euros).

Además, señalan que en marzo de 1998 Mastec había "impagado la parte

vencida del precio aplazado" y que existía el riesgo de que "tampoco

atendiera el pago del resto".

Ante esta situación, según la querella, Telefónica exigió el pago de

lo adeudado e indicó que, en caso de no cumplirse el compromiso,

procedería a compensar estos importes con las cantidades que Mastec o

empresas de su grupo, entre ellas Sintel, tuvieran "pendientes de

cobro como consecuencia de obras o trabajos realizados".

Así, los trabajadores sostienen que la situación de Sintel se hizo

"insostenible", ya que Telefónica era su principal deudor, tanto en

1997 como 1998, con más de 19.500 millones de pesetas (117,20

millones de euros). Asimismo, indican que el enfrentamiento con

Telefónica, a la que acusan de demorar los pagos y no concertar

nuevos contratos de ejecución de obra, llevó a la "radical

paralización de la compañía".

Estos factores, según indican, constituyeron un "elemento

intimidatorio" que forzó a Sintel a aceptar la proposición de

Telefónica de avalar la obligación de pago de Mastec, con lo que "al

menos, difería en el tiempo el agravamiento de su situación

financiera".

Finalmente, Telefónica cobró de Sintel lo que Mastec le debía, lo que

según se contempla en la querella "fue causa relevante de la

suspensión de pagos de Sintel", que precedió a su declaración de

quiebra.

Los trabajadores consideran que el afianzamiento conseguido por

Telefónica de Sintel fue fruto de la "intimidación", que incluyó

"múltiples llamadas y presiones en entrevistas personales", por lo

que consideran que se trata de un caso de extorsión. QUERELLA DE LA

FISCALIA ANTICORRUPCION. El pasado 27 de julio de 2001, el juez de la

Audiencia Nacional Baltasar Garzón admitió a trámite la querella

presentada por la Fiscalía Anticorrupción contra los presuntos

responsables de la descapitalización de Sintel, de la que se hacía

responsables a los dos hijos del empresario cubano-estadounidense

Jorge Mas Canosa, Jorge Mas Santos y Juan Carlos Más Santos.

El auto del juez imputaba también a Juan Antonio Casanova, Ricardo

Campos, Juan Miguel Antoñanzas y a Pedro Novela Berlín, quienes

fueron consejeros delegados de Sintel entre 1997 y 2000.

Además, citaba a declarar como testigos al ex presidente de

Telefónica, Juan Villalonga, al presidente actual, César Alierta, a

los ex administradores de Sintel Carlos Gila y Vicente Carretero, y

al secretario de Estado de Política Científica y Tecnológica, Ramón

Marimón.

Según el auto dictado entonces por el juez, Sintel tenía una

"significativa" actividad en el sector de las telecomunicaciones

hasta que en abril de 1996 fue vendida por Telefónica a la sociedad

Mastec Internacional, propiedad de Jorge Mas Canosa, por 29,45

millones de euros (4.900 millones de pesetas).

En función de los hechos que narra la querella, Mastec incumplió el

pago de la compra a Telefónica, hecho que originó la

"descapitalización" de Sintel, que desembocó una suspensión de pagos

y la movilización justo hace ahora un año de sus trabajadores, que

permanecieron acampados 187 días en el Paseo de la Castella de Madrid

en señal de protesta.

Por otra parte, el presidente del Comité Intercentros de Sintel,

Adolfo Jiménez, tras presentar la ampliación de la querella, advirtió

hoy al Ejecutivo que de no cumplir con los pactos firmados en agosto

con los trabajadores de esta empresa se verán obligados a convocar

nuevas movilizaciones.

Jiménez aseguró que a día de hoy el Gobierno sólo ha cumplido la

parte de los acuerdos relativa a la prejubilación de empleados de la

empresa y que alcanza a más de 400 personas. Sin embargo, aún no se

ha previsto llevar a cabo ninguna medida para reimpulsar Sintel.

En este sentido, Jiménez destacó que el Gobierno mantiene en suspenso

el estudio sobre la oferta realizada por la compañía rusa Televik, un

proyecto "cierto y real" y que, según explicó, cuenta con con un

programa ratificado y revisado ya por los empleados, que supondría la

puesta en marcha de Sintel.
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(EUROPA PRESS)

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