El 9 de octubre de 2015 fue un día clave para las organizaciones sociales: se materializaba una antigua demanda de la sociedad civil con la aprobación de la Ley del Tercer Sector de Acción Social, tras cuatro intensos años de trabajo.
A priori, la sencillez de una ley marco como esta, compuesta exclusivamente por nueve artículos, producía nervios e intranquilidad, aunque a la vez, la alegría y las expectativas eran máximas en el sector. En ese momento éramos conscientes de que aún quedaba mucho por hacer, pero nos sentíamos esperanzados.
Fueron cuatro años de trabajo sí, pero ordenado. Sabíamos quiénes eran nuestros interlocutores y a pesar de las dificultades, se podía crecer y hacer. Sin embargo, el escenario ha cambiado en estos cuatro últimos años, después de aprobarse la ley: cuatro elecciones generales, dos presidentes del Gobierno, cinco ministras de Asuntos Sociales, una moción de censura, tres prórrogas de presupuestos generales del Estado y 470 días de Gobierno en funciones.
Mientras tanto, entre elecciones y elecciones, se pasa el reloj biológico del país. Dicen que el clima social de la población no es demasiado bueno y que el ánimo de los y las españolas está por el suelo, que nos aburre ya ir a votar y que nos sentimos frustrados porque los políticos no han sabido ofrecer soluciones. Además, dicen que existe pesimismo económico y no dejamos de leer noticias en las que se nos amenaza con una posible recesión de carácter inminente. Y aparte de esto surgen nuevas formas de pobreza y nuevas desigualdades, que no encuentran nuevas políticas para combatirlas.
Llegados a este punto, no sorprende que estemos en mínimos históricos de actividad legislativa en el Congreso y a nadie le sorprende que la Cámara legislativa no legisle. Y lo que es más preocupante, ¿a nadie le sorprende que la razón tenga que ver con la falta o imposibilidad de llegar a acuerdos o alcanzar consensos? Y yo me pregunto, ¿dónde hemos llegado?.
Hace cuatro años, el Tercer Sector ponía su máxima atención en una Ley de nueve artículos, una norma que no era milagrosa y que no era la solución a los problemas de las entidades sociales, tampoco reforzaba derechos, ni siquiera modificaba otras leyes, pero lo que sí que era es una ley pionera, con valor político e institucional. Sin duda, con mucho valor declarativo, que reconocía a las organizaciones y el trabajo que realizamos. En definitiva, era una ley importante para el futuro.
Nuestro trabajo era transformar esos nueve artículos en soluciones: reforzar el papel del Tercer Sector en la sociedad, especialmente para las personas vulnerables o que se encuentran en situación de pobreza o exclusión; teníamos que reforzar el tejido organizativo como vía de participación ciudadana y seguir trabajando valores como la igualdad, solidaridad, participación e inclusión.
Teníamos que ser capaces de participar en el diseño, planificación y seguimiento de las políticas sociales públicas y, muy importante, teníamos que cerrar definitivamente el compromiso del sector con los derechos sociales e intentar que se reconocieran en el texto constitutivo.
Cuatro años después aún tenemos muchos debes. El sector no ha dejado de trabajar, pero las circunstancias políticas han sido demoledoras para poder mirar al futuro con perspectiva estratégica.
Seguimos pidiendo al Gobierno un Plan de Impulso a las entidades que debería haberse aprobado al año de entrada en vigor de la ley, es decir, en 2016. Precisamente, con este plan se habría modernizado al sector fomentando su digitalización, la calidad en la prestación de servicios, la formación de sus profesionales, etc.
También se tenía que haber reconocido a las ONG con el estatus de 'entidades colaboradoras' con la Administración General del Estado. ¿Por qué no se puede reconocer lo que se hace en la práctica?.
Además de todo esto, se debería haber impulsado, con la seguridad que da el conocimiento, la realización de registros o inventarios de las entidades de acción social, que nos permita saber cuál es el potencial de éstas, su capacidad de incidencia y su localización.
Con este escenario sobre la mesa, aún nos queda esperanza. Estamos seguros de que terminaremos desarrollando todos estos mandatos y otros que vendrán. A estas alturas, cuatro años más tarde, y a pesar de las circunstancias, no quiero ser pesimista, no creo que nos podamos dar el privilegio de serlo.
Ante la duda de si ver el vaso medio lleno o medio vacío, en este momento prefiero verlo a la mitad. Soy consciente de lo que hemos recorrido hasta ahora y de la importancia que tiene el punto al que hemos llegado.
No hay duda de que somos un marco de inspiración para los territorios que, a su modo y con sus ritmos, están promocionando a través de sus gobiernos el impulso de leyes del tercer sector en el ámbito autonómico. Esta es la gran noticia que debemos destacar hoy: que se está desarrollando una red de marcos jurídicos, a nivel territorial, que articulan al sector y lo fortalecen en cada región, con una vocación de superación saludable y un compromiso de proveer al sector de marcos con más garantías y más ambiciosos de cara al futuro. Desde el Tercer Sector nos gusta mirar juntos al horizonte y pensar que, en otro momento, lo que hoy está mal puede hacerse bien, y lo que está bien puede mejorarse.
Luciano Poyato es presidente de la Plataforma del Tercer Sector.
