SEVILLA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -
El delegado territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Antonio Sutil, señala que una de las consecuencias del decreto Ley 7/2020, aprobado la pasada semana por el Consejo de Gobierno y que facilita que las empresas puedan seguir pagando los gastos de personal y los salarios durante el cierre por el Covid-19, es el mantenimiento en la provincia de Jaén de 135 monitoras de Educación Especial (Ptis), pertenecientes a la compañía SAMU, "una de las empresas más importantes de las que prestan servicios de atención a alumnos con necesidades especiales para la Junta", destaca.
"La entidad, que emplea en toda la comunidad a casi 800 personas, más del 90%, mujeres, ha decidido parar el ERTE que tenía en marcha para acogerse a un acuerdo con la Consejería por el que la administración sigue pagando los servicios, pese a que no se presten, mientras dure la suspensión de clases presenciales", informa Antonio Sutil.
"De esta forma, se mantienen los puestos de trabajo y sueldos de las educadoras, lo que es una excelente noticia que demuestra el enorme esfuerzo que está haciendo la Junta de Andalucía para estar al lado de los más vulnerables en esta situación insólita", añade.
"Desde Educación animamos a otras empresas del sector a que se acojan a esta ayuda y recordamos que hay un requisito indispensable: mantener los empleos", apunta el delegado.
Junta recuerda que los trabajadores de esta empresa se dedican a ayudar a los niños con necesidades especiales, facilitando su inclusión en el aula y ayudando en el desarrollo de su autonomía personal. En este sentido, el delegado reitera que una de las principales líneas de actuación de la Consejería se centra "en la mejora de las condicionales laborales de este sector y en el incremento presupuestario destinado al refuerzo de personal de integración".
"Este curso, los presupuestos de Educación Especial han superado por primera vez en la historia los 400 millones de euros, aumentando en 77 millones respecto a los aprobados por el anterior ejecutivo en 2018", destaca.
Por último, Sutil recuerda "la determinación del Gobierno Andaluz para tomar las medidas necesarias para proteger el empleo en una situación tan compleja, con una repercusión especial en el ámbito educativo, donde las empresas podrán seguir afrontando los gastos de personal, incluyendo los pagos de los salarios a más de 30.000 trabajadores mientras dure el estado de alarma".
"Esa fue la voluntad de la Junta de Andalucía desde el primer momento con el decreto del 16 de marzo y posteriormente con el del 1 de abril, que da claridad y seguridad jurídica por el marco establecido a posteriori por el Gobierno estatal", concluye Sutil.
