Actualizado 29/03/2016 18:39 CET

Aprobada en el Congreso una iniciativa que pide la DIA para la mina Aguablanca

   MADRID, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

   La Comisión de Industria, Energía y Turismo del Congreso ha aprobado una proposición no de ley planteada por el PSOE que trata de evitar el cierre de la mina de Aguablanca de Monesterio (Badajoz).

   Una iniciativa que ha salido adelante por unanimidad fruto de una transaccional con otros grupos parlamentarios, y que pide la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para dicho proyecto industrial "antes del 30 de abril" próximo.

   En este sentido, la secretaria general adjunta del Grupo Socialista y diputada por Badajoz, Marisol Pérez Domínguez, ha asegurado durante la defensa de la iniciativa de su formación que se trata de "ponerle un plazo a la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), en concreto, antes del 30 de abril de 2016, para que facilite el que una nueva empresa se pudiera hacer cargo e interesar en el seguimiento de la mina".

   Al mismo tiempo, la iniciativa insta al Ministerio de Industria para que "acelere todos los trámites de subrogación o de cambio de titularidad".

   Marisol Pérez Domínguez ha hecho, igualmente, un llamamiento a las instituciones y a los grupos parlamentarios para que "al margen del daño que ya ha hecho la contrarreforma laboral del PP y que va a seguir haciendo" mientras "no" se tenga otro gobierno, "trabajen para que entre todos" se pueda conseguir que "400 trabajadores puedan seguir disponiendo de una vida digna".

   La diputada socialista ha recordado también que la empresa Río Narcea, filial de la multinacional canadiense Lundin Mining -que explota el yacimiento Aguablanca, integrado en la Reserva Minera Definitiva del Estado- ha hecho pública su decisión de "abandonar" y "cerrar" dicho yacimiento minero, "a pesar de que el pasado mes de septiembre habían anunciado que continuarían la extracción del mineral existente en las galerías subterráneas, una vez agotados los recursos en superficie".

   En su intervención, la responsable socialista ha subrayado también que esta iniciativa "insta al gobierno a ponerse en marcha y a facilitar el mantenimiento de los puestos de trabajo que es lo fundamental", tal y como recuerda que trasladó hace unos días el Grupo Socialista a los responsables comité de empresa, en una reunión celebrada en el Congreso.

   Un encuentro tras el que se acordó hacer "una autoenmienda" a esta iniciativa "para exigir más y cerrar plazos", ya que el resto de grupos no han presentado ninguna, informa en nota de prensa el PSOE.

ACELERAR EL PROCESO

   Marisol Pérez Domínguez ha resaltado que también se pide a que "el ministerio se implique en la búsqueda de las empresas tal como están haciendo tanto la Junta de Extremadura como la de Andalucía y los propios sindicatos".

   E igualmente se insta a "acelerar el proceso y a que este gobierno se comprometa -en el corto plazo que hay hasta el 31 de junio-" y a que "entre todos" se consiga que esa comarca -que abarca la zona sur de Extremadura y el norte de las provincias de Huelva y Sevilla, especialmente en los municipios de Monesterio, el Real de la Jara y Santa Olalla de Cala-, que esos más de 400 empleos directos que proporciona la mina y que suponen una aportación de "17 millones de euros" por parte de una mina que "todavía es rentable, no se pierdan".

   "No se puede perder el empleo ni en este país ni en esta región nuestra", ha aseverado la diputada del PSOE, quien ha añadido que se trata de "una mina rentable, ya que ha obtenido durante el pasado año unos beneficios superiores a los 7 millones de euros".

   "Es una empresa que tiene beneficios y que puede tener más", ha reiterado, y sin embargo, "una reforma laboral le permite destruir más de 400 puestos de trabajo directos a pesar de sus beneficios".

ENMIENDA DEL PP

    Por su parte, la diputada del PP en el Congreso de los Diputados por Badajoz, Teresa Angulo, ha defendido este martes una enmienda a la Proposición no de Ley que el Grupo Parlamentario Socialista presentó en las Cortes para evitar el cierre de la Mina de Aguablanca en la que ha reclamado que el "consenso" es el "arma fundamental" para la "defensa" de los puestos de trabajo.

   Angulo ha defendido que se trabaje de forma "conjunta" entre las partes implicadas y la Administración General del Estado, la Junta de Extremadura y la Junta de Andalucía, "cada una en el ámbito de su competencia, para buscar soluciones al conflicto que podría dejar a 400 trabajadores sin empleo".

   La diputada 'popular' ha asegurado durante su intervención que desde el PP "siempre" se ha mostrado el "total apoyo" a los trabajadores y al presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, para que liderara un "frente común" con "todos" los partidos políticos, trabajadores y sociedad "en general" y "se hiciera todo lo posible para evitar el cierre de la mina".

   Ha añadido al respecto que el PP "siempre" ha dejado "a un lado" el "hacerse la foto" para buscar "soluciones" de forma "conjunta"; y ha subrayado que de esta forma se hizo en las localidades afectadas como Monesterio, Santa Olalla del Cala y el Real de la Jara, así como en la Asamblea de Extremadura, en la que "todos" los grupos consensuaron una declaración institucional de apoyo.

   Así, Angulo ha incidido en que el objetivo del Partido Popular "siempre" ha sido "anteponer el interés general de los trabajadores y de toda una comarca al interés partidista" y "no "hacer desgaste" a la Junta de Extremadura, informa en nota de prensa el PP.

   "Desgaste que sí pretendía hacer el PSOE dirigiendo toda la culpa hacia el Gobierno de España, cuando las competencias en materia de empleo y del desarrollo de las comarcas es una responsabilidad de la Junta de Extremadura, y presentando una Proposición no de Ley de manera unilateral, obviando el consenso que hasta ahora había imperado", apunta.

   Finalmente, recalca que por ello el PP se muestra "satisfecho" de que finalmente se haya incorporado su enmienda al texto "buscando siempre el beneficio común y el interés de los trabajadores". "Es necesaria la implicación primordial y directa de las administraciones autonómicas, esto es, Junta de Extremadura y Junta de Andalucía, junto con el Gobierno de España, para intentar buscar una solución perdurable en el tiempo a dicho conflicto", concluye Angulo.