MÉRIDA/BRUSELAS, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -
El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha señalado que le parece "bien" que la Unión Europea vaya a abrir un procedimiento formal de infracción a España por no cumplir con las directivas comunitarias en materia de seguridad ferroviaria.
Esta actuación demuestra, según el presidente extremeño, que la UE, además de "hablar de economía y de euros, también habla de las personas y su seguridad" con este procedimiento que, en concreto, se centra en la inspección de los accidentes y en la homologación de las líneas y los trenes por no ajustarse a los parámetros de la normativa comunitaria.
Así se ha referido el jefe del Ejecutivo regional, que tras los últimos incidentes en los trenes extremeños ha llegado a plantear la posibilidad de suspender el servicio ferroviario si no es seguro, al ser preguntado en una comparecencia ante los medios en Mérida por este expediente.
"Europa tiene que ser una garantía de todos los estados miembros del máximo de seguridad", ha dicho Vara, quien ha añadido que le parece "bien" que la UE se preocupe por la seguridad ferroviaria.
En concreto, la Comisión Europea ha informado este jueves de la apertura de un expediente sancionador contra España al considerar que sus procedimientos de control de la seguridad ferroviaria "no cumplen los requisitos" que exige la normativa comunitaria.
Bruselas ve "deficiencias" en la forma en que la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) "analiza e investiga los accidentes e incidentes", según ha informado la institución comunitaria en un comunicado.
También ve problemas en "las técnicas de supervisión" por parte de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF), indica el mismo comunicado sin dar más detalles de la infracción.
La apertura del expediente tiene la forma de una carta de emplazamiento --primer paso en el procedimiento de infracción--, que Bruselas ha remitido al Gobierno para que en el plazo de dos meses aclare la situación y ofrezca datos claros de las medidas correctivas que haya puesto en marcha.
Si los servicios comunitarios no dieran por buenas las explicaciones de España, podrían pasar a la segunda fase del expediente, un dictamen motivado que da otros dos meses al Estado miembro para corregir el problema, periodo tras el cual la Comisión podría elevar el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE).
