Manama ha limitado aún más el espacio a la sociedad civil ante el silencio internacional
MADRID, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -
Bahréin cumple este domingo diez años desde el inicio de las movilizaciones prodemocráticas en este pequeño país del golfo Pérsico, al hilo de las protestas de la conocida como 'Primavera Árabe', que sin embargo no llegaron a prosperar ante la firme represión de las autoridades, en una campaña que ha reducido aún más el espacio de libertad de la sociedad civil.
Las protestas, que tuvieron su epicentro en la plaza de la Perla de la capital, Manama, estuvieron protagonizadas principalmente por miembros de la mayoritaria comunidad chií, que denuncian la discriminación existente por parte de la monarquía suní gobernante, si bien contaron con el apoyo de suníes que aspiraban a una democratización del país.
La respuesta de las autoridades fue inmediata y estuvo marcada por la imposición de la Ley de Seguridad el 14 de marzo, lo que implicó la entrada de tropas saudíes y emiratíes para reprimir las protestas, y la destrucción días después de la icónica plaza de la Perla argumentando que el lugar había sido "profanado" durante las protestas.
Asimismo, la declaración de la Ley de Seguridad se vio seguida por la decisión del rey Hamad bin Isa al Jalifa de decretar tres meses de estado de emergencia, lo que derivó en una reducción de las movilizaciones, que siguieron siendo organizadas por el opositor Al Wefaq de forma semanal y atrajeron pese a todo a miles de personas.
La campaña de represión se expandió durante las semanas posteriores e incluyó la demolición de más de una treintena de mezquitas chiíes del país argumentando que no contaban con permiso de construcción y en el marco de las denuncias desde el Gobierno hacia la comunidad chií y, más concretamente, a un presunto intento de Irán de interferir en sus asuntos incitando las protestas.
En este contexto, las autoridades procedieron además al arresto de destacados activistas y a poner sobre la mesa la disolución de Al Wefaq y la Sociedad de Acción Islámica, mientras salieron a la luz denuncias de tortura tras la muerte de Karim Fajraui y Zakariya Rashid Hasán al Ashiri, dos periodistas detenidos en el marco de las protestas.
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A pesar de que las autoridades pusieron en marcha una comisión de investigación para esclarecer las denuncias --la Comisión Independiente de Investigación de Bahréin (BICI), que cifró en 35 los muertos en la represión y constató un "uso excesivo de la fuerza"-- y Al Jalifa prometió que se rendirían cuentas, los activistas denuncian que poco cambió desde entonces.
De hecho, Al Wefaq fue finalmente disuelto y un tribunal de apelaciones rechazó en 2016 el recurso contra la decisión, criticada por Naciones Unidas y Estados Unidos, mientras que activistas como Abdulhadi al Jauaja y Rabil Rayab estuvieron años en prisión por cargos que ellos tildan como motivados políticamente por su papel en las protestas.
Entre los condenados estuvo además el líder espiritual de la comunidad chií del país, el jeque Isa Qasim --al que retiraron además la nacionalidad--, por la recaudación del 'jums', un impuesto islámico obligatorio entre la comunidad chií del país, en lo que Al Wefaq tildó de "criminalización" de este sector de la población.
"PROFECÍA AUTOCUMPLIDA"
Esta polarización se ha visto materializada además en decenas de arrestos de chiíes a los que las autoridades acusan de formar "células terroristas" que contarían con apoyo y entrenamiento de la Guardia Revolucionaria iraní, algo que ha sido rechazado en numerosas ocasiones desde Teherán.
Sin embargo, la represión alcanzó a todos los sectores de la oposición y, tras la disolución de Al Wefaq, las autoridades procedieron a prohibir las actividades de Al Waad, que no tenía afiliación sectaria, y cuyo líder, Ebrahim Sharif, fue igualmente condenado a cinco años de cárcel por apoyar las protestas.
En este sentido, la destacada activista Maryam al Jauaja --hija de Abdulhadi al Jauaja--, incidió en un reciente artículo publicado en el Institute for War & Peace Reporting que "el sectarismo era una forma demasiado simplista" de analizar la situación, si bien hizo hincapié en que "fue el régimen el que institucionalizó con éxito un sistema sectario, marginando sistemáticamente a la mayoría chií".
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"Esto tuvo un efecto muy grave cuando empezó la revolución. Fue una profecía autocumplida. A veces cometemos errores y caemos en el discurso que crean otros, también. Nos hemos quedado intentando demostrar a la gente que no somos agentes iraníes o quintacolumnistas", lamentó.
Por su parte, la organización no gubernamental Amnistía Internacional ha denunciado esta misma semana que en el país ha aumentado la "injusticia sistemática" y la "represión política" contra disidentes, activistas, clérigos y miembros de la sociedad civil, lo que ha "cerrado de forma efectiva" los espacios para el ejercicio pacífico de la libertad de expresión.
"Desde 2011, los únicos cambios estructurales que ha sufrido Bahréin han sido a peor, ya que los partidos opositores han sido ilegalizados, el único medio independiente ha sido cerrado y las nuevas leyes han cerrado aún más el espacio para la participación política", ha explicado Lynn Maaluf, subdirectora de Amnistía para Oriente Próximo y Norte de África.
ESPERANZAS Y EXPECTATIVAS "APLASTADAS"
Así, ha subrayado que "el Estado de Bahréin ha aplastado las esperanzas y expectativas elevadas en las protestas masivas de hace diez años, reaccionando con una represión brutal durante la siguiente década, facilitada por el vergonzoso silencio de los aliados occidentales, especialmente Reino Unido y Estados Unidos, que tiene la base de su Quinta Flota en este país.
Maaluf ha sostenido que un reflejo de ello es el caso del que era presidente de Al Wefaq, Alí Salman, quien fue encarcelado por sus críticas al Gobierno en 2014, se le aumentó la sentencia en 2016 y posteriormente se le condenó a cadena perpetua en 2018 por su papel en los esfuerzos de mediación durante la crisis política.
Las autoridades bahreiníes acusaron a Salman de ser un "espía" de Qatar en el proceso, mediado por Doha, en medio de una grave crisis diplomática que llevó en 2017 a Arabia Saudí, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Egipto a cortar lazos con Qatar por acusaciones de terrorismo, injerencia y apoyo a Irán que han sido en todo momento rechazadas por las autoridades qataríes.
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El posicionamiento de Bahréin en la crisis diplomática --zanjada en enero durante una cumbre en la ciudad saudí de Al Ula-- se interpretó igualmente como un seguimiento de las políticas dictadas desde Riad, principal aliado y valedor de la monarquía Al Jalifa, enfrentado además con Irán por lograr ser la principal potencia en la región.
Por ello, Maaluf ha argüido que "el destino de la plaza de la Perla simboliza el intento del Gobierno de Bahréin de suprimir y eliminar incluso la memoria de las protestas", al tiempo que ha pedido a las autoridades que "cambien su terrible curso" adoptando las recomendaciones de la BICI y liberando "de forma incondicional" a los encarcelados por participar en las protestas.
En este sentido, Maryam al Jauaja indicó en su artículo en el Institute for War & Peace Reporting que "la reforma depende ahora de la situación política general" debido a la importancia geoestratégica del país y alertó del impacto del acuerdo entre Bahréin e Israel para normalizar sus relaciones.
Así, dijo que este acuerdo "supone que el régimen dijo a la población, que no lo apoyaba, que no tiene nada que decir". "Para nosotros, el efecto inmediato de la normalización será que la vigilancia será peor, usando tecnología israelí". Por último, apuntó que si bien las cosas "podrían cambiar" con Joe Biden en la Casa Blanca, "la experiencia muestra que no hay mucha diferencia entre la postura demócrata y republicana en el Golfo".
