Los comités de empresa de Mar Abierto advierten de que la oferta de Lopesan "oculta un perjuicio" de más de 6 millones

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los comités de empresa de los hoteles Costa Taurito, Valle Taurito y Paradise Lago Taurito, pertenecientes a la sociedad Mar Abierto S.L., actualmente en liquidación concursal, han mostrado su "profunda preocupación" ante la adjudicación provisional de estos hoteles al Grupo Lopesan, que advierten "oculta un perjuicio" de más de 6 millones de euros.

En un comunicado, señalan que las ofertas presentadas se sitúan alrededor de los 85 millones de euros, y tras realizar un "análisis comparativo exhaustivo" de las ofertas presentadas en el proceso de subasta, los representantes de los trabajadores indican que si bien la propuesta de Lopesan "formalmente aparece como la más alta", es "sustancialmente inferior", tanto en términos económicos como sociales, frente la oferta del Grupo Martinón.

Aseguran que la supuesta ventaja de apenas 1.000 euros en favor de Lopesan "oculta un perjuicio real" de más de 6 millones de euros, apuntando que esta diferencia "se amplía al considerar los costes indirectos y las consecuencias laborales y operativas" de su planteamiento.

Además en el informe realizado por los comités se indica que la oferta de Lopesan "no garantiza el mantenimiento íntegro del empleo", ya que aseguran que dejan "fuera a 15 trabajadores directos, los trabajadores en excedencia" y afecta también al personal indirecto.

A ello suman, que Lopesan "rechaza la subrogación de contratos esenciales", tales como los de Lavandería Mogán y el subarrendamiento del parque acuático Lago Taurito, lo que "provocaría despidos, pérdidas para proveedores locales y posibles incumplimientos" contractuales con turoperadores.

Además de generar un "impacto económico negativo estimado en 6.125.447,31 euros, sin incluir los más de 7,9 millones de euros en reservas confirmadas vinculadas al funcionamiento del parque acuático", así como la "pérdida de derechos laborales consolidados", entre los que citan el uso del comedor para el personal, criterios de conciliación de la vida familiar y laboral, y el uso de los aparcamientos, que forman parte de las condiciones de trabajo actuales.

Por contra, desde los comités de empresa consideran que la oferta de Martinón es "mucho más favorable" para el empleo, la estabilidad y el interés general, ya que incluyen la subrogación completa de todos los contratos laborales, "respetando la antigüedad y los derechos adquiridos", así como la "continuidad total" de la actividad productiva, "sin resolver contratos esenciales ni poner en riesgo" los servicios turísticos.

A lo que añaden la preservación del empleo directo e indirecto, "contribuyendo a la cohesión social y al tejido económico local", así como el "respeto" al interés público, evitando que el proceso derive en indemnizaciones o costes adicionales para la masa concursal o el erario público.

SOLICITAN LA NULIDAD DE LA ADJUDICACIÓN PROVISIONAL

Finalmente los comités de empresa instan al administrador concursal y al Juzgado de lo Mercantil competente a que valoren "de manera integral e imparcial" las consecuencias económicas, laborales y sociales de cada propuesta, por lo que solicitan la nulidad del auto de adjudicación provisional.

Además reclaman priorizar la viabilidad de las unidades productivas, la continuidad del empleo y el respeto al interés general por encima de diferencias puramente nominales en las ofertas económicas.

En este sentido, los representantes sindicales advierten de que "no puede primar una diferencia simbólica de apenas 1.000 euros cuando lo que está en juego son millones en pérdidas reales, centenares de empleos y la estabilidad del tejido productivo local".

Los comités de empresa también lamentan que, hasta el momento, "no hayan sido escuchadas" sus observaciones, a pesar de lo que establece la Ley Concursal respecto a la participación de las partes afectadas, aunque confían en que sus alegaciones "sean valoradas con rigor y responsabilidad", y que la adjudicación tenga en cuenta el futuro y la estabilidad de las más de 300 familias que dependen directamente de estos centros de trabajo.