La juez del 1-O rechaza procesar por organización criminal a cargos del Govern, Diplocat y CCMA

Actualizado 12/06/2019 13:46:57 CET

Deja sin efecto el procesamiento de Montserrat Vidal, Meritxell Masó y Josep Maria Gispert

BARCELONA, 12 (EUROPA PRESS)

La titular del Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, que investiga la logística del 1-O, ha descartado procesar por presunta organización criminal a 28 investigados en la causa, entre ellos el secretario de Comunicación y exsecretario de Difusión de la Generalitat, Antoni Molons; a la vicepresidenta y presidenta en funciones de la CCMA, Núria Llorach; a los directores de TVC, Vicent Sanchis, y Catalunya Ràdio, Saül Gordillo; el director corporativo, comercial y de marketing de la CCMA, Martí Patxot, y a excargos del Diplocat.

Así, no ha aceptado esta petición formulada por la Fiscalía en un recurso de reforma al auto de procesamiento, en el que el Ministerio Público solicitaba procesar por organización criminal a cargos y excargos como el exsecretario general de Presidencia Joaquim Nin; el director de Comunicación, Jaume Clotet; el secretario general de Trabajo, Josep Ginesta; el exdirector de Diplocat Albert Royo, el exdirector de la delegación de la Generalitat ante la UE Amadeu Altafaj, y la exdirectora de Servicios de la Secretaría General de Economía Natàlia Garriga.

La juez instructora considera que "no resulta de las actuaciones que se contase con la infraestructura adecuada para realizar un plan criminal ni que existiese un acuerdo asociativo duradero y no puramente transitorio", requisitos para atribuir un delito de organización criminal.

Por ello, lo deja fuera del auto de procesamiento este delito si bien puntualiza que las acusaciones podrán calificarlo posteriormente cuando redacten sus escritos de acusación, ya que "lo sustancial del auto de procesamiento son los hechos y no las calificaciones jurídicas".

En su auto, la magistrada Alejandra Gil descarta finalmente procesar a la exsecretaria general de Gobernación Meritxell Masó; la exjefa del área de procesos electorales Montserrat Vidal y al consejero de la empresa Indugraff Josep Maria Gispert, y de este modo acepta la petición de la Fiscalía, que no les consideraba autores de ningún delito.

En cambio, la juez rechaza la petición de la Fiscalía de incluir en la lista de procesados a la directora de la Autoritat Catalana de Protecció de Dades, Maria Àngels Barbarà, por un presunto delito de desobediencia al no investigar unas denuncias recibidas, ya que para la magistrada "sí pidió información, tres peticiones a la Fiscalía y dos al juzgado" sobre dichas denuncias.

VE INDICIOS CONTRA LOS PROCESADOS

A los recursos presentados por los procesados, en que invocaban la ausencia de indicios racionales de criminalidad contra ellos e incluso alegaban la ausencia de delito sobre sus conductas, la juez responde que sí hay indicios y que la fase de instrucción no es propiamente de enjuiciamiento sino de averiguación y "de examen de la existencia o no de una base razonable para que se pueda formular acusación penal".

Resalta que es necesario que en el auto de procesamiento se indiquen los indicios racionales, pero "ello no significa que haya que practicar en esta fase una valoración de las pruebas, como si del juicio se tratase".

Para la juez, las alegaciones que hacen los procesados en sus recursos sobre la ausencia de delito "no permiten afirmar la inexistencia de los indicios de criminalidad que fueron expuestos" en el auto de procesamiento, y considera que es en el juicio cuando deberán valorarse.

En su auto, la juez confirma la fianza solidaria impuesta a los 17 procesados por malversación de 5,8 millones de euros, que ya se ha cubierto, e indica que sirve para cubrir las posibles indemnizaciones de responsabilidad civil y gastos del procedimiento y multas posibles.

GORDILLO

Sobre los correos y Whatsapp aportados por el director de Catalunya Ràdio que demostrarían la insistencia de Núria Llorach y Martí Patxot para que diera su autorización a una campaña institucional del 1-O, la juez considera que "no desvirtúan los indicios racionales de que el primero pudo cometer delito de desobediencia".

"Las alegaciones que se efectúan sobre la credibilidad y validez de las declaraciones de un imputado contra otro es algo a valorar, en su caso, por el tribunal que juzga", dice la juez, que constata que al final Gordillo acabó autorizando la campaña en cuando al contenido, al no ver problema, según consta en los correos electrónicos aportados.

VIDAL Y PI-SUNYER

La juez resuelve también la petición de la acusación popular ejercida por Vox de que se procese al juez y exsenador de ERC Santi Vidal y al expresidente del Consell Assessor per a la Transició Nacional (CATN) Carles Viver i Pi-Sunyer --que quedaron fuera del procesamiento--, y lo descarta al considerar "que no existen indicios racionales de la comisión de un delito", ya que Vidal se desdijo de sus declaraciones y no hay otros indicios sino meras sospechas.

Para la instructora, que ambos asesorasen jurídicamente a la Generalitat, "no les convierte en cooperadores necesarios de todos los delitos que la celebración del referéndum y la declaración de independencia llevaron aparejados".

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