Actualizado 15/06/2007 15:02 CET

Economía/Legal.- Núñez y Navarro defiende su inocencia en la supuesta corrupción de la delegación de Hacienda catalana

BARCELONA, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Núñez y Navarro defendió hoy que "nunca" ha recibido trato de favor por parte de Hacienda, y negó cualquier vinculación con la trama de corrupción en la Delegación de la Agencia Tributaria en Catalunya, por la cual inspectores tributarios presuntamente concedían trato de favor a algunos empresarios en los años 90.

El grupo subraya que, entre 1992 y 1999, sus empresas fueron inspeccionadas por 18 actuarios de la Agencia Tributaria, que dictaron 184 actas de inspección. La constructora explica que firmó en disconformidad cuatro de ellas, de las cuales tres ya han sido resueltas a favor suyo.

Se trata de un acta sobre la sociedad Sentsar, correspondiente al Impuesto de Sociedades y del período 1992-1996, por un importe de 213 millones de las antiguas pesetas, a cargo del inspector Javier García Pedraza, informó el grupo a Europa Press.

García no es uno de los inspectores citados en el reciente auto sobre el 'caso Hacienda' dictado por el Juzgado de Instrucción número 33 de Barcelona, y por el cual se mantiene la imputación a los empresarios José Luis Núñez Clemente, José Luis Núñez Navarro y 16 personas más.

La constructora asegura que "nunca" ha sido asesorada por "ninguno" de los profesionales mencionados en el auto; y que las empresas del grupo sólo han sido asesoradas fiscalmente durante más de 25 años por J&A Garrigues, el gabinete Ros Petit y Pérez Salamero Asesores.

Igualmente, el grupo afirma que no ha tenido relación "directa ni indirecta" con ninguna supuesta trama de corrupción relacionada con la Agencia Tributaria.

También asegura que "nunca" ha recibido "trato de favor, ni obtenido bajo ningún mecanismo de resolución administrativa que se ajustara a Derecho"; y que se ha adecuado a ley su situación tributaria y el cumplimiento de sus deberes fiscales.

La constructora asegura que sólo está pendiente de resolverse una de las cuatro actas de inspección de hacienda que recurrió ante los tribunales tras firmarlas en disconformidad, mientras que las otras tres "han sido resueltas favorablemente" para la constructora.

Dos de las actas, resueltas favorablemente en noviembre de 2002, son del inspector Bartolomé Riera y se refieren a la sociedad Edificio Córcega: una, sobre los años 1994-1996, por el IVA, por valor de 31 millones de pesetas; otra, por el Impuesto de Sociedades, por valor de 41 millones.

La tercera acta, resuelta en septiembre de 2005, es del inspector Javier García Pedraza y se refiere a la sociedad Espi Rosellón, por el Impuesto de Sociedades y entre los años 1992-1996, por valor de 180 millones de pesetas.

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