Chile.- El Gobierno evalúa cerrar "cárcel 5 estrellas" que alberga a militares violadores de los derechos humanos

Actualizado 03/08/2007 22:52:16 CET

SANTIAGO, 3 Ago. (De la corresponsal de EUROPA PRESS Claudia Riquelme) -

El gobierno chileno evalúa el cierre del Penal Cordillera, un recinto habilitado especialmente para militares condenados por violaciones a los Derechos Humanos y que ha sido criticado por sus comodidades y privilegios por agrupaciones que representan a las víctimas de la represión, las que han denunciado que se trata de "una cárcel cinco estrellas".

Tras el ingreso ayer del ex jefe del Departamento Exterior de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), general retirado Raúl Iturriaga, que se produjo tras ser capturado después de permanecer 52 días prófugo de la Justicia, el ministro de Justicia del gobierno de Michelle Bachelet, Carlos Maldonado, reconoció que hay condiciones de cierto privilegio en el establecimiento penitenciario que merecen evaluar su cierre y la distribución de los militares condenados a otras cárceles donde cumplan efectivamente su pena, bajo las mismas normas que se aplican a otros reos chilenos.

"No descarto nada y tomaremos la decisión en el momento que corresponde, la existencia del penal se justificó en su momento y ahora hay que ver si se sigue justificando", dijo el ministro Maldonado, al aludir que este centro penitenciario, habilitado en un ex cuartel militar en la zona precordillerana de Santiago, tuvo como finalidad mantener a los militares represores y a los ex agentes cerca de la ciudad para diligencias judiciales, ya que la otra prisión, Punta Peuco, está en las afueras de la capital chilena.

Parlamentarios socialistas han denunciado que esta cárcel especial tiene televisión por cable, barbacoa para asados, teléfono, jardines, salas de juego y cómodas instalaciones "hoteleras" para los condenados, lo que dista mucho de la situación de hacinamiento y pobreza en la que viven presos comunes en otras cárceles para civiles.

Hoy, el Penal Cordillera alberga a la cúpula completa de la DINA, órgano represivo de la dictadura y responsable de miles de crímenes, encabezada por su ex director, el temido general retirado Manuel Contreras, quien cumple condenas por 184 años.