MADRID, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Vicepresidencia de Derechos Sociales contará con 28 millones de euros de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para mejorar la atención prestada en los centros de menores extranjeros no acompañados, lo que supone un incremento del mismo importe con respecto al año anterior ya que antes el presupuesto era cero, según han explicado fuentes de la Vicepresidencia segunda del Gobierno.
A esta se sumará otra partida de 80 millones de euros procedente de los fondos europeos tanto para la mejora de la infraestructura de los centros de menores extranjeros que llegan solos a España como para otros centros de menores y acogimiento familiar, entre otros.
Asimismo, se destinarán 2 millones de euros para mejorar la digitalización de estos centros de menores, según han precisado las mismas fuentes este miércoles 28 de octubre en un encuentro con la prensa para desgranar la parte social del proyecto de Presupuestos Generales del Estado.
Por otro lado, han anunciado que se incorpora una partida de 25 millones de euros al presupuesto de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales para avanzar en la accesibilidad universal, algo que les parece "crucial".
En concreto, 4 millones de euros irán destinados a la accesibilidad en el ámbito educativo y otros 6 millones a accesibilidad en el transporte, aunque también se verán beneficiados en este sentido el ámbito laboral o los medios de comunicación.
En cuanto al sistema de atención a la dependencia, las mismas fuentes han precisado que esperan que a finales de 2021 ya estén "avanzados, licitados y parcialmente ejecutados" algunos proyectos previstos para la renovación del sistema de cuidados de larga duración a personas mayores.
Para esta renovación, el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado contempla una partida de más de 700 millones de euros procedentes de los fondos europeos.
Fuentes de la Vicepresidencia de Derechos Sociales han puntualizado que quieren reformar el modelo residencial español pero no para convertir las residencias en centros medicalizados u "hospitales low cost" sino en lugares donde los mayores puedan vivir con garantía de que recibirán la asistencia sanitaria "siempre" y "en los mismos términos y condiciones que el resto de la población".
