La fiscalía pide la prohibición de aproximarse y siete meses de cárcel para el futbolista Lucas Hernández y su novia

MADRID, 6 Feb. (EUROPA PRESS) - El jugador del Atlético de Madrid, Lucas Hernández, fue puesto en libertad el pasado viernes después de haber sido detenido durante la madrugada acusado de agredir a su novia en el domicilio de ambos en una urbanización de Las Rozas (Madrid). El futbolista, que ha estado en los juzgados acompañado por su representante Manuel García Quilón y sus abogados, dijo ante el juez que las heridas de su novia se debían a una caída accidental cuando él intentó apartarla del vehículo al que golpeaba en plena discusión entre ambos. La novia del deportista también fue arrestada en un primer momento, aunque luego fue puesta en libertad. Ambos presentaban heridas leves de la pelea. La Fiscalía solicitó al juez que interpusiera imponga una orden de alejamiento a ambos. Este lunes, en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 7 de Majadahonda, con competencia en material de violencia sobre la Mujer, se ha celebrado el juicio rápido sobre el incidente ocurrido en la madrugada del pasado viernes. Los abogados del jugador y de su pareja Amelia Lorente han intentado llegar a un acuerdo, pero la juez Elena Garde lo denegó considerando que se trata de un hecho de violencia de género grave. Por lo tanto y después de las declaraciones de ambos, el fiscal ha solicitado penas de prisión de siete meses para Lucas y de cuatro para la mujer (más dos por un delito de daños) por un delito de maltrato en el ámbito familiar, y la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena para cada uno. Una pena que no deberán cumplir al no contar ni uno ni otro con antecedentes. La Fiscalía solicita también para el jugador la privación del derecho a la tenencia y porte de armas durante dos años, igual que en el caso de su pareja y que se mantenga la prohibición de aproximarse a menos de 500 metros de la otra persona, así como a su domicilio y lugar de trabajo, y la prohibición de comunicarse por cualquier medio por el plazo de dos años. El caso se trasladará a un juzgado de lo Penal de Madrid para que se celebre el juicio por la jurisdicción penal.

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