RECOMIENDAN AL GOBIERNO Y LAS AUTORIDADES JUDICIALES QUE INVESTIGUEN TODAS LAS DENUNCIAS Y EVALÚEN LA APLICACIÓN DE LAS LEYES
Amnistía Internacional denunció hoy que la Justicia española no está aplicando las disposiciones penales contra la discriminación racial cuando proceden, lo que motiva que "apenas" haya denuncias sobre ataques o conductas racistas aunque en España "persisten" los incidentes de esta índole.
En el informe 'España: Entre la desgana y la invisibilidad' presentado hoy en Madrid, la organización expone que "la circunstancia agravante de racismo" que contempla el Código Penal "parece no estar siendo aplicada".
Según Amnistía, una investigación de la Universidad de Valencia sobre sentencias de Juzgados de Instrucción, Audiencias Provinciales, Tribunales Superiores de Justicia y Tribunal Supremo, reveló que entre 1996 y 2005 sólo se alegó discriminación por etnia en 14 casos y de ellos, se aplicó finalmente en seis.
En consecuencia, "apenas hay denuncias en los tribunales sobre ataques o discriminación con un componente racista" fruto de "la desconfianza en el sistema", explica la organización, que señala otras razones como "la dificultad probatoria de estos delitos", el "temor de las víctimas a ser objeto de represalias, que se inicie un expediente de expulsión del territorio en el caso de los indocumentados y la desinformación generalizada", expone el informe.
Para Amnistía Internacional esta situación tiene origen en que "buena parte de las diferentes autoridades españolas combaten con desgana" y "aparente falta de interés" el racismo y la xenofobia, lo que, sumado a "las carencias" del sistema español en materia de información estadística sobre estos casos, hace "casi invisible" el problema.
Así, la organización denuncia que "no existen en España datos oficiales que permitan conocer la magnitud o alcance del racismo" y señala que "las carencias relativas al registro y análisis de datos sobre incidentes de esta índole, tanto en la fase policial como en la judicial, así como la ausencia de órganos independientes de investigación impiden conocer con precisión las dimensiones de la discriminación racial en España".
A todo esto hay que sumar que la percepción de población sobre la comunidad gitana y los extranjeros "dibuja un panorama lleno de prejuicios y de creciente hostilidad" en el que "persisten los incidentes racistas" propiciados tanto por particulares como por fuerzas de seguridad del Estado, explica el informe.
APLICACIÓN DE LA LEY Y MEJORAS
Es por ello que la organización ha lanzado una batería de recomendaciones dirigidas tanto al Gobierno como a las autoridades judiciales que parten de la exigencia de poner en marcha un 'Plan estatal e integral contra toda forma de racismo y xenofobia' "con metas e indicadores mesurables" que incluya, entre otras, la ratificación sin reservas de los tratados internacionales que guarden relación con la lucha antirracista.
Recomiendan asimismo la implantación de "medidas específicas" para luchar contra la discriminación de la comunidad gitana, las mujeres y los menores inmigrantes no acompañados; prevenir la tortura y los malos tratos "así como manifestaciones conexas de racismo en las fuerzas de seguridad y la administración de justicia" y una reforma de la Ley de Extranjería que proteja expresamente el acceso de los inmigrantes "a todos los derechos", incluyendo la salud y la educación.
En cuanto al Ministerio Fiscal y las autoridades judiciales, la organización solicita que se investiguen "todas las denuncias de delitos racistas con prontitud, exhaustividad, imparcialidad y eficacia"; que vigilen y evalúen "el modo en que se está aplicando la agravante de racismo" y que "impulsen las medidas necesarias" para garantizar una "adecuada formación" en lucha contra la xenofobia.