Los eurodiputados exigen una autorización judicial previa para cualquier interrupción del servicio
ESTRASBURGO (FRANCIA), 6 May. (EUROPA PRESS) -
El pleno del Parlamento Europeo tumbó hoy la reforma del sector de las telecomunicaciones en la que venía trabajando la UE durante casi dos años por considerar que no incluye suficientes garantías para el corte del acceso a Internet. Los eurodiputados pidieron que la normativa comunitaria exija una autorización judicial previa para cualquier interrupción del servicio que pueda producirse como sanción por descargas ilegales de contenido protegido por derechos de autor.
Con esta exigencia, la Eurocámara pretende frenar iniciativas como la ley francesa contra la piratería en Internet promovida por su presidente, Nicolas Sarkozy. De acuerdo con esta ley, una autoridad administrativa estará facultada para cortar de dos meses a un año el acceso a la red a quienes realicen descargas ilegales.
La petición de una decisión judicial previa para cortar Internet ya había sido introducida el año pasado por el Parlamento en el voto en primera lectura sobre la reforma de la legislación sobre telecomunicaciones. Pero los Veintisiete la suprimieron cuando debatieron el paquete telecos en noviembre, lo que dejaba las manos libres a los Estados miembros para seguir los pasos de Francia.
Para llegar a un acuerdo sobre la reforma en segunda lectura, los representantes del Parlamento renunciaron a la autorización judicial previa y pactaron un texto con los Gobiernos que se limitaba a señalar simplemente que cualquier medida que se tome respecto a los usuarios debe respetar sus derechos y libertades fundamentales y debe ser recurrible ante los tribunales.
Sin embargo, el pleno de la Eurocámara se rebeló en el último minuto contra este compromiso, desautorizó a sus negociadores, y aprobó de nuevo por sorpresa --con 407 votos a favor, 57 en contra y 171 abstenciones-- la misma enmienda que exige una orden judicial para que un proveedor pueda restringir el acceso a Internet.
La introducción de esta enmienda rompe el compromiso con los Veintisiete y hace imposible el objetivo que se habían marcado el Consejo y el Parlamento de aprobar la reforma de las telecomunicaciones antes de que se disuelva la Eurocámara. A partir de ahora se abre un periodo máximo de 8 meses para que los Gobiernos y el nuevo Parlamento que salga de las elecciones de junio traten de alcanzar un nuevo acuerdo en conciliación. Si no se llega a este pacto, la reforma de las telecomunicaciones quedaría enterrada.
ALTO VALOR SIMBÓLICO
La comisaria responsable de Sociedad de la Información, Viviane Reding, destacó que, salvo la enmienda en cuestión, los eurodiputados habían apoyado muy mayoritariamente los textos legales de la reforma. Por ello, pidió a los ministros de Telecomunicaciones de la UE que, en la reunión que celebrarán el 12 de junio, se planteen si pueden aceptar la enmienda del Parlamento, algo improbable teniendo en cuenta la postura de Francia, o "si la discusión tiene que empezar otra vez con el nuevo parlamento en otoño".
Reding expresó su simpatía por la enmienda aprobada por la Eurocámara porque a su juicio se trata de "un importante recordatorio de los derechos fundamentales de los ciudadanos de la UE". "Para muchos, tiene un valor simbólico y político muy fuerte", señaló.
Por su parte, la ponente parlamentaria de la directiva marco sobre telecomunicaciones, la francesa Catherine Trautmann, dejó claro que la introducción de esta enmienda hace que "todo el paquete telecos esté de nuevo en discusión". A su juicio, la causa de que la reforma del sector haya fracasado ha sido por la interferencia de las discusiones sobre la ley francesa antipiratería, que ha "perturbado la buena marcha de nuestras reflexiones". En este sentido, acusó al Gobierno galo de haber intentado que su norma fuera avalada por la UE incluso antes de aprobarse.
La eurodiputada del PP Pilar del Castillo afirmó que el Parlamento ha hecho una "contribución bastante lamentable" con su votación al "paralizar este paquete de telecom no teniendo en cuenta que se están paralizando a la vez los beneficios para nuestras economías, para el empleo y para la salida de la crisis profunda en la que nos encontramos".
Del Castillo dijo que la enmienda aprobada por la Eurocámara es "inoperante desde el punto de vista jurídico" porque invade competencias nacionales y no se podrá aplicar. Y señaló que la solución de compromiso pactada con los Veintisiete "protege mucho mejor los derechos del internauta".
Acusó a los que votaron a favor de "hundir el sector durante una temporada con las consecuencias que eso tiene para el empleo y para la economía" y de "menospreciar un sistema de protección más garantista" y lo atribuyó al periodo preelectoral en el que se encuentra la Eurocámara de cara a las elecciones de junio.
Por su parte, los socialistas españoles en la Eurocámara votaron a favor de la enmienda que exige una autorización judicial previa. "Hoy el Parlamento ha defendido la libertad de acceso a la red, porque es de sentido común que las comunicaciones electrónicas gocen de las mismas garantías judiciales que el resto de las comunicaciones. Es una victoria de las libertades ciudadanas, un éxito de la democracia", dijo la eurodiputada del PSOE, Francisca Pleguezuelos.
Además, la dirigente socialista criticó el doble lenguaje del PP, "que dice una cosa en Madrid y otra en Estrasburgo". "Y si no, ¿por qué unos eurodiputados del PP han votado a favor, otros en contra y otros se han abstenido en este punto crucial, cuando Mariano Rajoy se comprometió ayer a defender los derechos de los usuarios de Internet?", afirmó.
El eurodiputado de Iniciativa per Catalunya-Verds, Raül Romeva, celebró que la Eurocámara "se haya posicionado a favor del acceso libre a la red" y dijo que, sin la enmienda que exige autorización judicial previa, los parlamentarios habrían aprobado un paquete de medidas que habría permitido que cualquier operador pudiera limitar el acceso a Internet por descargas ilegales.
SEPARACIÓN FUNCIONAL
La principal novedad de la reforma que ha quedado paralizada era que se facultaba a los reguladores nacionales para que puedan forzar a los operadores históricos, como Telefónica, a separar funcionalmente el departamento de servicios de la gestión de la red en caso de problemas de competencia. Esta medida sólo se podría aceptar en casos excepcionales, cuando no hayan servido otras recetas.
También se creaba un Organismo de Reguladores Europeos de Comunicaciones Electrónicas, de talla mucho más reducida que la Autoridad que había propuesto Bruselas, que estaría integrado por los 27 directores de los reguladores nacionales. Su papel sería meramente consultivo.
Los Estados miembros y la Eurocámara rechazaron la pretensión de Bruselas de arrogarse nuevos poderes para poder vetar las medidas correctivas dictaminadas por los reguladores nacionales (como la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones en el caso de España) cuando se detectan problemas de competencia en algún mercado. Las autoridades nacionales seguirán teniendo la última palabra en estos casos.
Finalmente, el nuevo marco incluía nuevos derechos para los consumidores, como la prohibición de contratos superiores a los dos años de duración o la obligación para las operadoras de permitir a los clientes cambiar de compañía conservando el mismo número de teléfono en un plazo máximo de un día. Las operadoras tendrán la responsabilidad de luchar contra los virus y el 'spam' y de notificar a los clientes los fallos de seguridad que detecten.
