La Abogacía del Estado, ejerciendo la defensa del delegado del Gobierno en Madrid,
José Manuel Franco, ha apelado directamente a la Audiencia Provincial de Madrid solicitando la revocación del auto por el que la juez Carmen Rodríguez-Medel abrió la
investigación penal por permitir la manifestación del 8-M en Madrid. El escrito carga duramente contra la instructora, a la que acusa de convertir la instrucción "en una causa general acerca de la gestión de la crisis sanitaria" saltándose incluso las suspensiones procesales vigentes en el estado de alarma.