ALMERÍA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -
Las administraciones estatal, autonómica y local, así como patronal agraria y colectivos sociales mantienen este martes una reunión de trabajo en la que esta previsto abordar la situación actual de los asentamientos chabolistas en la provincia para, de este modo, empezar a articular respuestas a las infraviviendas en las que residen ciudadanos extranjeros.
El encuentro se produce después de uno de los propietarios de los terrenos del asentamiento chabolista de Tierras de Almería, en El Ejido (Almería) ordenase a una empresa de construcción la demolición con una excavadora de varias chabolas. La Guardia Civil fue requerida para que interviniese por presunta alteración del orden público en una actuación que se saldó con dos detenidos y dos heridos como consecuencia de una riña entre los inquilinos y los vigilantes de seguridad de la finca.
Fuentes de la administración autonómica han precisado que a la reunión están citados la Subdelegación del Gobierno, la Junta andaluza, los ayuntamientos de Níjar, Roquetas de Mar, El Ejido y Vícar, así como las organizaciones agrarias COAG y Asaja, y la Plataforma por los Derechos y Justicia Social de Almería, colectivo que ha denunciado la situación desde que se produjeran las primeras demoliciones en agosto.
La reunión parte de una reunión mantenida entre la plataforma, que agrupa a una treintena de agrupaciones políticas, sindicales y sociales, y la delegada del Gobierno andaluz, Sonia Ferrer, quien resolvió cursar una petición formal para abordar de manera "conjunta" una "respuesta coordinada" a la existencia de asentamientos chabolistas.
Previamente, el subdelegado del Gobierno central en Almería, Andrés García Lorca, apostó tras un encuentro con la citada plataforma por abrir una "vía de colaboración" con la Junta de Andalucía y con los ayuntamientos para estudiar la posibilidad de realojar a las personas que residen en asentamientos chabolistas a través de las agencias de fomento del alquiler.
El Ayuntamiento de El Ejido ya manifestó en un comunicado que los desalojos cumplían con "la legalidad" y que respondían a "peticiones" de los propietarios, de manera que calificó de "muy necesaria" la actuación "teniendo en cuenta las condiciones de precariedad, tanto higiénicas como de salubridad, y las repercusiones negativas que conllevan".
El desalojo y demolición de infraviviendas deriva de "varios expedientes" incoados a petición de los propietarios de los terrenos y parcelas ubicadas en distintos parajes rústicos del municipio con el fin "de colaborar en la adecuación y mejora de las condiciones de higiene y salubridad de los mismos". Así, reconocen actuaciones en 16 alojamientos "sin moradores y, por tanto, todos ellos abandonados" y "en todos los casos vacíos de enseres u objetos personales".
