Almería.- La Junta abrió 84 expedientes por irregularidades en materia de urbanismo en distintos municipios en 2005

ALMERIA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Obras Públicas y Transportes de la Junta en Almería, Luis Caparrós, dio hoy a conocer que esta administración abrió el año pasado un total de 84 expedientes por irregularidades en materia de urbanismo en distintos municipios de la provincia, de los que 27 fueron propuestas de impugnación de licencias y 17 peticiones a los ayuntamientos para que revisen de oficio las licencias que otorgaron.

En declaraciones a Europa Press, Caparrós también desveló que el año anterior, en 2004, se incoaron un total de 45 expedientes en general, de los que 16 fueron impugnaciones y cuatro revisiones de oficio. Estos expedientes afectan a un total de 24 municipios de la provincia "casi todos costeros", según el delegado.

Recordó que la disciplina urbanística es competencia de los ayuntamientos, aunque la Junta interviene ante las denuncias de particulares o ante la detección de la irregularidad a través de sus propios servicios, como la policía autonómica, la oficina litoral o también el Seprona.

En el caso de detectarse una anomalía ante la denuncia de un particular, los servicios de la administración autonómica se desplazan a la zona, abren un expedientes y elevan un informe que se traslada al Ayuntamiento para que informe de su colaboración o no en esa actuación. En el caso de que el ayuntamiento desconozca la actividad, la Junta le insta a que adopte la medida cautelar de suspensión de la obra.

Por otro lado, destacó que la Junta sí tiene competencias para intervenir en casos de reparcelaciones urbanísticas, en las irregularidades de planeamiento y en la construcción de viviendas en suelo no urbanizable de especial protección.

Si se demuestra que ante alguno de estos casos el ayuntamiento no ha actuado, la Junta "procede a la subrogación del expediente para actuar nosotros", aunque con anterioridad se comprueba si el ayuntamiento ha otorgado licencia para esa obra o no.

Es en el caso de que la administración local no haya concedido licencia, la Junta inicia "la protección de la legalidad" e insta a "la restitución de la realidad" anterior. Caparrós apuntó a casos de movimientos de tierra contrarios a la legalidad, por ejemplo, en los que se incoa, asimismo, expediente sancionador.

Si se da la circunstancia de que un municipio ha autorizado a través de la concesión de una licencia una reparcelación o el desarrollo de un planeamiento contrarios a la ley o la construcción de viviendas en un suelo de especial protección, la Delegación de Obras Públicas insta al ayuntamiento a que revise de oficio su acto.

Es cuando la entidad local se niega a revisar su acto administrativo cuando la Junta eleva una propuesta de impugnación del mismo e inicia un proceso contencioso-administrativo. En este sentido, reveló que la administración andaluza ha contado con sentencia favorable hasta el momento en 17 procesos judiciales.

Asimismo, manifestó que se han interpuesto 13 denuncias ante la Fiscalía que afectan a siete municipios, ya que las actuaciones de construcción de viviendas u otro tipo de construcciones sobre suelo no urbano de especial protección pueden ser susceptibles de un proceso penal.

Por otro lado, el delegado recordó que la Junta también vela para que los acuerdos plenarios se ajusten a la legalidad. De hecho, comentó que no se puede aprobar un plan parcial, un plan especial o una modificación puntual sin el informe preceptivo de la Delegación de Obras Públicas.

Al respecto, dio a conocer que en los dos últimos años y en lo que va de 2006 la Junta se ha dirigido a 38 ayuntamientos en 175 ocasiones para conocer las cuestiones que han aprobado a ese respecto.