Almería.- Marina Mercante inicia expediente sancionador contra los 40 pesqueros que bloquearon los puertos en octubre

ALMERIA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de la Marina Mercante ha iniciado expediente sancionador contra los 40 buques que en octubre del año pasado bloquearon los puertos de la provincia de Almería en protesta contra la subida de precio del gasóleo por infringir el artículo 109 de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante relativo a protección de la navegación libre.

El artículo 109 indica que, "en caso de que uno o varios buques impidiesen o estorbasen el libre acceso a un puerto o el libre tránsito por los mismos o desobedeciere las órdenes de las capitanías marítimas competentes, éstas podrán tomar, con carácter inmediato y con la duración que se estime necesaria, todas las medidas que resulten precisas, de conformidad con el ordenamiento jurídico, para restablecer la legalidad infringida o la libre navegación afectada".

Fuentes de la Dirección General de la Marina Mercante indicaron hoy a Europa Press que hace unas semanas se comunicó la apertura del expediente al armador y al patrón de cada uno de los buques, aunque ya en el momento del bloqueo el Servicio Marítimo de la Guardia Civil les informó por escrito y por radio de la infracción a la Ley de Puertos que estaban cometiendo, infracción calificada como "muy grave".

A continuación, se realizó por parte de las autoridades marítimas un censo de los barcos que habían transgredido estos preceptos, no sólo en Almería, sino en todos los puertos de España donde se produjeron las protestas, y Capitanía Marítima envió después a cada patrón y armador un escrito para indicarles que se les había iniciado un expediente basado en el artículo 109 de la citada Ley.

Los armadores han contado con un plazo de 15 días para presentar alegaciones y ahora la administración tiene 12 meses para fallar, si bien este plazo puede alargarse a los 24 meses, en caso de detectarse alguna anomalía en el procedimiento.

La propuesta final es elevada a la Dirección General de la Marina Mercante que la convierte en un expediente sancionador que debe ser resuelto definitivamente por la Secretaría General de Transportes del Ministerio de Fomento. Las infracciones contra la ordenación del tráfico marítimo pueden conllevar multas de hasta 300.000 euros.