Audiencia confirma procesamiento de abogado del Estado y otros dos acusados en el caso 'Tres Reyes'

ALMERÍA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Almería ha rechazado los recursos de apelación del exjefe de la Abogacía del Estado en Almería Demetrio Carmona, el abogado Rogelio V.R. y el empresario Ángel M.R., y ha confirmado su procesamiento en el marco del caso 'Tres Reyes' acusados de integrar, junto a otros cuatro enjuiciados, un grupo organizado que utilizaba presuntamente "medio ilícitos para conseguir beneficios económicos de terceros", a quienes obligaban supuestamente a realizar disposiciones patrimoniales a su favor.

La Sección Tercera confirma el auto en septiembre de 2013 por la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Almería, la magistrada Alejandra Dodero, quien ya ordenó hace tres meses la apertura de juicio oral contra los siete acusados y remitió la causa a los juzgados de lo Penal, según han informado a Europa Press fuentes judiciales. La causa será enjuiciada en el Juzgado de lo Penal número 3 de Almería.

El tribunal desestima el recurso subsidiario de apelación presentado por la defensa letrada de Carmona, Rogelio V.R. y Ángel M.R., quien además de solicitar el sobreseimiento para sus patrocinados, reclamó la práctica de prueba adicional al considerar que no podía darse por conclusa la fase de instrucción y transformar las diligencias previas en procedimiento abreviado.

Cabe recordar que el Ministerio Público atribuye al abogado del Estado en el organigrama del grupo la función de "recopilar y proporcionar toda la información, tanto personal como económica" acerca de las personas de su ámbito de las que pretendían obtener los "desplazamientos patrimoniales en su beneficio" para que, de este modo, los otros miembros "demostrasen" ante estas personas "tener unos conocimientos" que achacaban a su "supuesto poder".

En el escrito de calificación, se imputa a los siete procesados la presunta comisión de delitos de pertenencia a grupo criminal, así como tres supuestos delitos de extorsión en grado de tentativa. A dos de los acusados, José Antonio M.A. e Ignacio Francisco F.B. les imputa además dos de ellos de sendos delitos de usurpación de funciones públicas y falsedad ya que habría hecho pasar por "oficiales" de un "servicio de inteligencia del Estado" en algunas operaciones, una de ellas encaminada a hacerse "mediante engaño" con 128,4 millones de dinares iraquíes.

La Fiscalía, que interesa penas que oscilan entre los tres años y once meses, y los nueve años de prisión, indica para "contextualizar" los hechos que se van a enjuiciar que los acusados Demetrio Carmona, el abogado Rogelio V.R. y el empresario Ángel M.R. mantenían en 2012 una "estrecha relación de índole personal" en la que se incluían "intereses económicos comunes" y que, en agosto de ese año, a través de este último, contactaron con el resto de procesados.

Asegura que todos realizaban "los más diversos negocios" y detalla entre estos venta de bonos mexicanos anteriores a 1950; exportación de aceite a Rumanía; o a negocios inmobiliarios, hoteleros o de intermediación que, remarca, los dos abogados implicados "compatibilizaban" con su profesión.

El Ministerio Público considera que los siete procesados decidieron constituir el grupo para, mediante la "utilización de medios ilícitos", obtener beneficios económicos "obligando a terceros a realizar disposiciones patrimoniales a favor de alguno o algunos de ellos". Presuntamente habrían acordado que tal beneficio se repartía entre todos.

Concreta que, entre estos medios, se incluyó el "aparentar" supuestamente "identidades que no les correspondían" como la de "miembros importantes" del CNI o de la CIA "pretendiendo intimidar con el poder que supuestamente esto les otorgaba" o la referencia a "influencias en ámbitos judiciales y policiales" con la intención, según subraya, de "menoscabar la voluntad de las personas con las que trataban ya que les anunciaban consecuencias negativas para su seguridad si no se avenían a sus requerimientos".

La jerarquía del grupo colocaría en la "jefatura" a José Antonio M.A. Un escalón por debajo estaría Ignacio Francisco F.B., quien junto al líder, se hacía pasar por oficial del Ejercito y miembro de "un Servicio de Inteligencia del Estado". Al tiempo, apunta a un supuesto control interno del grupo que "ellos mismos denominaban Almería" y dice que Ángel M.R. "se encargaba de informar reservadamente" a la cúpula del posicionamiento de Demetrio Carmona y Rogelio V.R. para "tener controlado cualquier conato de disensión con sus instrucciones".

El Ministerio Público relata que el grupo ideó supuestamente un plan para "engañar" a un empresario almeriense que, según habría informado Carmona, tenía 128,4 millones de dinares iraquíes depositados en una empresa de seguridad y adquiridos en 1996. En este plan no habría participado José A.M., protagonista en otros dos casos.

El escrito de acusación hace alusión en concreto a dos supuestos intentos de extorsión a dos empresarios con los que "mantenía problemas económicos realmente" Demetrio Carmona y en los que habría intervenido presuntamente el acusado José A.M. "en representación del propio Carmona" con métodos "agresivos y violentos".

Sostiene, en esta línea, que el abogado del Estado "estaba presente y era partícipe" y explica que el modo de operar de José Antonio M.A. era supuestamente, era decir que "tenía capacidad de, con una sola llamada, meterles en la cárcel, que contaba con información privilegiada y que conocía datos del dinero que tenían las familias". También decía supuestamente que era de "la 'CASA', expresión con la que se conoce vulgarmente al CNI".