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ALMERÍA, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -
Un jurado popular ha declarado a Francisco Agustín G.T. culpable de la muerte en 2009 de su esposa, María C., de 42 años, a quien asestó tres puñaladas con una navaja automática tras mantener una discusión en el interior del domicilio familiar de Albox (Almería) después de que ella le comunicase que quería iniciar los trámites de separación.
Ha considerado que se trata de un asesinato y ha estimado que concurren las agravantes de abuso de superioridad y la mixta de parentesco, según han informado a Europa Press fuentes judiciales.
El veredicto, leído en audiencia pública en la noche de este lunes ante el tribunal de la Sección Tercera, señala al procesado por unanimidad autor del crimen y cierra la posibilidad de que este pueda solicitar el indulto o la remisión de la pena.
El fiscal, tras conocerse la decisión, ha modificado su escrito provisional que calificaba los hechos como homicidio y por el que pedía 14 años de cárcel y ha interesado 19 años de prisión. Ha mantenido la petición de 24 meses de prisión por el delito de tenencia ilícita de armas ya que la navaja con la que perpetró el crimen está prohibida en España.
El jurado popular estima probado, tras cinco sesiones de vista oral y más de cinco horas de deliberación, que Francisco Agustín G.T., de 51 años y con dos hijas en común con la víctima, dio muerte de manera intencionada, con alevosía y sin darle oportunidad de defenderse a su mujer el 20 de mayo de 2009 tras más de dos décadas de matrimonio en los que la sometió a "numerosos" episodios de violencia física y psíquica que nunca llegó a denunciar pero que le llevaron a decidir separarse de su agresor.
Desestima, sin embargo, que tal y como ha sostenido la defensa del procesado, actuase con el "control racional de sus actos perdido" y cuestiona las "importantes lagunas de memoria" que le atribuyeron sus letrados. Francisco Agustín G.T. aseguró ante el jurado que, del momento del crimen, "solo" recordaba "voces y nada más" y que no estaba "seguro" de lo que ya que "llevaba mucha cafeína en el cuerpo y tenía la mente muy agotada de trabajar".
La acusación particular, ejercida por las hijas del procesado y la víctima, ha mantenido su petición de 25 años de cárcel después de que el jurado popular estimase la concurrencia de dos atenuantes aunque no ha apreciado la de por sexo de la víctima.
La otra acusación, ejercida por la Abogacía del Estado, se ha adherido al escrito del fiscal mientras que la defensa ha interesado la pena mínima de 15 años que fija el Código Penal para el delito de asesinato
Según el Ministerio Público, el procesado sometió a la víctima durante 24 años de matrimonio a "numerosos" episodios de violencia física y psíquica que nunca llegó a denunciar pero que le llevaron a decidir separarse de su agresor. María C.R. inició los trámites de divorcio y, en al menos en una ocasión, habló con el procesado de la posibilidad de disolver el matrimonio, un extremo que él ha reconocido en sala.
El día del crimen, el 20 de mayo de 2009, le comunicó que quería iniciar una "nueva vida sin él" y el presunto homicida, asegura el fiscal, "no lo aceptó, no soportando la idea de separarse de ella y marcharse de casa". Cuando la víctima se disponía a salir de casa para acudir a su lugar de trabajo, Francisco Agustín G.T. cogió de un armario la navaja automática y con la intención de acabar con la vida de su esposa, se dirigió al dormitorio de una de las hijas del matrimonio donde estaba ella y comenzó a exhibir el arma.
En ese momento, se inició una discusión que derivó en un "forcejeo" en el que María C.R. intentó "infructuosamente defenderse agarrando con ambas manos la hoja de la navaja". El procesado le mordió entonces la mano y, a continuación, la sujetó con fuerza del cuello y los brazos mientras "le tapaba la boca con la mano para hacerle callar".
Cuando logró vencer la resistencia de su víctima y con el firme propósito de causarle una muerte cierta, le asestó tres navajazos en tórax y en abdomen que le provocaron la muerte al perforar uno de sus pulmones y seccionarle el corazón. La mujer tenía 42 años y dos hijas en común, una de ellas menor, con el presunto homicida. La Fiscalía ha solicitado, asimismo, que el procesado no pueda acercarse ni comunicarse con ellas por un periodo de diez años e pide que indemnice a cada una con 120.000 euros.
