ALMERÍA, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -
La portavoz adjunta de Inmigración en el Congreso de los Diputados, Maribel Sánchez Torregrosa, ha reclamado al Gobierno central que active "de inmediato" un "plan de contingencia, con carácter retroactivo", para hacer frente a la llegada de menores inmigrantes no acompañados a Canarias "que son trasladados como adultos" al resto de la Península; "un problema reconocido por todas las comunidades autónomas independientemente de su signo político".
La dirigente 'popular' ha puesto como ejemplo que bajo la protección de la Junta de Andalucía "hay 255 menores inmigrantes no acompañados procedentes de Canarias"; una cifra que "ha crecido en 68 personas en solo un mes".
En una nota, la diputada del PP ha estimado que dicha cifra "podría ir a más" porque hay un número indeterminado de personas pendientes de la prueba de determinación de edad, ya que "la Fiscalía no facilita" el dato, a lo que "hay que sumar que cada día continúan llegando traslados procedentes de Canarias".
Para Sánchez Torregrosa, se trata de una situación "muy preocupante" ante la que el Gobierno se inhibe "de una responsabilidad que es exclusivamente del Estado por ser el que tiene la competencia en frontera exterior". Por otra parte, ha reclamado más recursos y financiación para que las comunidades autónomas "puedan atender a estos menores como se merecen".
"La cifra de inmigrantes llegados a España se ha multiplicado por cuatro entre enero y marzo en relación con el mismo periodo de 2023, una muestra más de la necesidad de que el Gobierno cumpla con su compromiso, defina una hoja de ruta y planifique la política migratoria", ha insistido.
Del mismo modo, ha augurado que "en los próximos meses se espera que la llegada de embarcaciones con inmigrantes a nuestras costas sea mayor", por lo que ha pedido al Gobierno "medidas urgentes" para "evitar así una situación dramática el próximo verano".
Con ello, ha recordado que su partido ha pedido también que se convoque la conferencia de presidentes para determinar la financiación por parte del Estado a las comunidades autónomas, así como los criterios objetivos e iguales fijados por todas ellas.
