CÁDIZ, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDH-A) presentó hoy un informe sobre 'La situación de la justicia de menores en la provincia de Cádiz', que califica de "desastrosa en su conjunto" en cuanto a su funcionamiento, al constatarse "carencias" que generan "una violación de los Derechos Humanos", lo que señaló como "especialmente grave" por tratarse de menores de edad.
En rueda de prensa, Rafael Lara, portavoz de la APDH-A, significó que la visión de la justicia de menores en Cádiz es "bastante deficiente, por no decir desastrosa", lo que "exige cambios en profundidad en cuanto a los medios y a la filosofía".
Entre otras cuestiones, destacó la falta de medios e infraestructuras; la provisionalidad de jueces y fiscales; la excesiva duración de los procesos; la falta de especialización; el escaso uso de los sistemas de mediación; el abuso de los internamientos, con "el porcentaje más alto de Andalucía" en la provincia de Cádiz; o la privatización de los centros de menores.
CONCLUSIONES DEL INFORME
El informe expone las "carencias" y también "propone soluciones". La primera de sus conclusiones es reclamar el "urgente "traslado de la actual sede del Juzgado de Menores de Cádiz de su ubicación actual --en la calle San Francisco-- a la Audiencia Provincial mientras que se construye la futura Ciudad de la Justicia.
En este sentido, argumentó que debido a las dependencias "se incumple" durante la detención la obligación de "garantizar la intimidad del menor, su seguridad y santidad", aludiendo a la dificultad de los traslados, a los "calabozos insuficientes", la ausencia de una Sala de Togas para los letrados o la "imposibilidad de evitar el contacto visual entre los infractores y las víctimas" en dicha sede, donde "tampoco existe un sistema de videoconferencias".
Por otra parte, el informe destaca la "urgencia" de impulsar desde las entidades competentes y desde la Fiscalía y los juzgados de menores figuras como la mediación, reparación y conciliación para evitar el proceso judicial tanto a la víctima como al menor infractor.
Asimismo, considera necesario implantar un sistema "distinto para las faltas y para los delitos" con el objetivo de impulsar un procedimiento penal de menores "rápido y eficaz", abogando también por el impulso de las "sentencias de conformidad" en los juicios de menores, en los términos previstos legalmente.
La APDH-A insta, además, a que desde la Junta de Andalucía se regulen "adecuadamente" los Turnos de Oficio especiales", entre ellos el de menores, "creando y potenciando un Servicio de Atención y Orientación a los Menores internados, así como promoviendo la Unidad de Expediente, regulada en el artículo 20 de la LORPM", reguladora de la responsabilidad penal de los menores".
CARENCIA DE MEDIOS Y ESPECIALIZACIÓN
El informe reclama "las efectivas dotaciones de medios humanos y materiales, tanto en Fiscalía, juzgados y equipos técnicos", de manera que éstos puedan celebrar adecuadamente su trabajo, al tiempo que incide en la "necesidad de especialización en la jurisdicción de todos los actores que intervienen en el proceso penal de menores".
En este sentido, señala que la situación de la justicia de menores en Cádiz "se ha deteriorado" por cuanto la plaza de juez de Menores se encuentra cubierta actualmente por "una juez sustituta, que lógicamente no tiene la especialidad" y que, además, "no deja de mantener en el juzgado una situación de clara interinidad".
"Esto mismo se puede decir de la Fiscalía, en donde coexisten fiscales con plaza en propiedad con fiscales sustitutos, lo cual choca con las especiales características de esta jurisdicción". Por ello, subraya la "urgente necesidad" de que todas las plazas sean cubiertas por personal de carrera "con la especialidad correspondiente", que "también debe exigirse a los letrados".
MEDIDAS JUDICIALES ALTERNATIVAS
El informe apunta la necesidad de potenciar los convenios con instituciones y ayuntamientos para que se pueda llevar a la práctica con la mayor celeridad las medidas judiciales alternativas, como los trabajos en beneficio a la comunidad, impuestas a los menores infractores.
En este punto, significa que actualmente se carece de convenios en la provincia para la realización de estas medidas con los ayuntamientos de "Algar, Algeciras, Arcos, Benaocaz, El Bosque, Cádiz, Castellar, Chipiona, Conil, Espera, El Gastor, Jimena y San Fernando", propiciando "un perjuicio para los menores" en estas localidades.
Por último, en cuanto a las medidas de régimen de internamiento, criticó el "abuso" de las mismas y tildó de "aberración jurídica" el hecho de que los tres centros de internamiento de la provincia --en Puerto Real, El Puerto de Santa María y Algeciras-- sean "privados" --gestionados por Gymso, Afanas y Diagrama--, con lo que al menor infractor internado "no sólo se le aplica el reglamento de la Ley del Menor, sino los reglamentos internos de las distintas instituciones" que, además, son "totalmente desconocidos tanto para los abogados como para los menores que allí se encuentran", criticó.
