SANLÚCAR DE BARRAMEDA (CÁDIZ), 5 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Cámara de Cuentas de Andalucía emitió el informe de fiscalización de determinadas áreas del Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) a 31 de diciembre de 2006, --cuando gobernaba el PP-- en el que ve algunas deficiencias, como el hecho de que la plantilla presupuestaria no respondía a los "principios de racionalidad, economía y eficacia, ya que, a pesar de ser suficientemente amplia, se recurrió a la colaboración de personal eventual en puestos de trabajo cotidiano".
Según el informe recogido por Europa Press, el objetivo del trabajo realizado fue realizar una fiscalización de regularidad (financiera y de legalidad), con especial incidencia en las áreas de Tesorería, Endeudamiento y Contratación Administrativa.
Además, se verificó si se calculan los derechos de difícil o imposible recaudación y si su resultado difiere de los baremos aprobados en su día por la Cámara de Cuentas de Andalucía, así como un análisis de las partidas reflejadas en la liquidación de ejercicios cerrados.
Así, la Cámara de Cuentas indica que el presupuesto de la Corporación sanluqueña ascendió en el año 2006 a 47,479 millones de euros y señaló que la aprobación definitiva del mismo y de su liquidación se realizó fuera de los plazos establecidos. En cuanto a los estados anuales, según la Cámara de Cuentas resulta significativo el Remanente de Tesorería negativo para este ejercicio de 79,8 millones de euros.
Asimismo, el informe señala que el trabajo realizado sobre los sistemas de control interno ha puesto de manifiesto "numerosas deficiencias que impiden asegurar la fiabilidad e integridad de las operaciones realizadas". No obstante, indica que desde 2004 la intervención de la Corporación inició determinadas actuaciones tendentes a regularizar las deficiencias de control existentes, ya que se llevó a cabo una depuración de partidas de ingresos por 27 millones de euros y se aprobó el reconocimiento extrajudicial de créditos por un millón de euros.
Además, la Cámara de Cuentas señaló que a la solicitud de confirmación de la relación de asuntos pendientes de resolución que pudieran tener incidencia en la fiscalización, la Asesoría Jurídica contestó de forma "limitada" y no se facilitó información de procesos abiertos que pudieran repercutir en las cuentas fiscalizadas.
Asimismo, las relaciones de deudores y acreedores "no reflejaban con exactitud los saldos que, de forma agregada, figuran en los estados y cuentas, lo que supuso una limitación al alcance", así como que se desconocían el número e importe del canon correspondiente de las concesiones administrativas que pudieran afectar al ejercicio fiscalizado.
El informe reflejó que no se llevó un seguimiento adecuado de la gestión tributaria, "ocasionando determinados problemas como los derivados de que la gestión no se encuentre centralizada en la empresa creada al efecto o que ésta no cumple con los objetivos marcados en los estatutos de creación como son la gestión y la cooperación en el mantenimiento de bases fiscales". Por otro lado, añadió que se firmó un convenio de colaboración con la Diputación para la inspección de los tributos, "sin que el mismo haya tenido efectos económicos".
Igualmente, indicó que los objetivos generales previstos en el Plan de Saneamiento, aprobado el 14 de junio de 2005, no se cumplieron en su totalidad, aunque mediante la firma de los correspondientes convenios, se consiguió hacer frente a las deudas con la Seguridad Social y la Hacienda Pública.
Finalmente, señaló que no está establecido un procedimiento que permita el seguimiento y control de la contratación administrativa, detectando la Cámara de Cuentas contratos que se tramitaron como de consultoría y asistencia y de servicios, "pero que se tenían que haber articulado conforme a la regulación de los contratos de gestión de servicios públicos", así como "retrasos en la ejecución de los contratos sin que se adoptaran las oportunas medidas".
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