CÁDIZ, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía Provincial de Cádiz se ha opuesto al recurso presentado por el exconsejero de Hacienda de la Junta de Andalucía Ángel Ojeda ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Cádiz e insiste en que la investigación de los cursos de formación que afecta al exconsejero sea trasladada al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, cuya titular es la juez Mercedes Alaya.
Según detallan fuentes del caso a Europa Press, así ha respondido la Fiscalía Provincial al recurso de reforma presentado por Ojeda. Ahora, tras informar a las demás partes, el juez de Instrucción número 2 de Cádiz, Miguel Ángel López Marchena, tendrá que resolver.
Cabe recordar que Ojeda recurrió la decisión del juez de Instrucción número 2 de Cádiz de inhibirse en favor de la juez de Sevilla Mercedes Alaya en la investigación de los cursos de formación que le afecta, ya que, a su juicio, "no existe acreditación de que en juzgados diferentes se estén investigando los mismos hechos".
El juez López Marchena dictó en octubre un auto en el que se inhibía en favor de Alaya en la investigación iniciada el pasado mes de agosto tras la detención de Ojeda, al considerar que es la competente para investigar las presuntas irregularidades que se atribuyen al imputado, ya que la magistrada había iniciado una investigación por los mismos hechos con anterioridad y fue la que primero inició las diligencias.
EL RECURSO DE OJEDA
En el recurso elevado al Juzgado de Instrucción número 2 de Cádiz, al que tuvo acceso Europa Press, el abogado del exconsejero recordaba que el auto donde la juez imputó a su patrocinado "se limita a definir que en las diligencias previas" seguidas por su Juzgado "se investigan presuntas irregularidades en la concesión de subvenciones excepcionales a AEA, Humanitas, Innova, Inteca y Natura desde la perspectiva del órgano concedente de la subvención".
"Y así, con rotunda claridad, define que la investigación se circunscribe a una actividad delictiva presunta en grado de cooperación necesaria de delitos cuya comisión viene reservada para los funcionarios públicos --prevaricación y malversación--", exponía.
Frente a ello, en el Juzgado de Cádiz "el objeto de la investigación tal y como lo describe el atestado policial, viene conformado por presuntos delitos cometidos no por el órgano concedente sino por el beneficiario de determinadas subvenciones en materia de formación, en concreto, por Humanitas, y más en concreto, presuntas irregularidades cometidas en la gestión y justificación de dichas subvenciones".
"A día de hoy, no existe acreditación suficiente de que el Juzgado de Sevilla se encuentre investigando las mismas y exactas subvenciones que las contenidas en el atestado de la UCDEF", insiste el abogado, que añade que "tampoco es posible constatar que sea el Juzgado de Sevilla el primero que haya iniciado la investigación", pues Alaya ha dictado auto de imputación con fecha 11 de septiembre pero "no acredita ni refiere ni ofrece datos concretos para conocer desde cuando ha dirigido el objeto procesal de su investigación contra Ojeda" ni "desde cuando se encuentra investigando las mismas subvenciones que las que el Juzgado de Cádiz viene investigando".
El abogado precisaba que "no dudaba" que la juez Alaya hubiera incoado sus diligencias previas con anterioridad al juez de Cádiz, "pero lo que a la competencia procesal concierne, lo parcialmente relevante no es la fecha de apertura sino la fecha concreta en la que un Juzgado pueda acreditar que investiga una concreta y exacta actividad delictiva contra una persona o empresa determinada".
En todo caso, añadía, "es Cádiz el territorio de comisión de la presunta actividad delictiva investigada en las presentes diligencias previas, pues se analice desde el prisma que se analice, ha sido en Cádiz donde se han impartido los cursos de formación, en Cádiz donde se han cometido las presuntas irregularidades detectadas en el atestado, ha sido la Delegación de Cádiz quien ha tramitado y concedido las subvenciones" y "quien ha contratado, fiscalizado y seguido la gestión de los fondos públicos cuando las subvenciones han sido concedidas tanto por la Dirección General como por el presidente del SAE".
Por todo ello, pedía al juez de Cádiz que reformara el auto recurrido, mantuviera su competencia y continuara la instrucción de la causa, algo a lo que la Fiscalía se opone tras realizar "muchísimas consideraciones" y haber ido "al fondo del asunto".
