Durante todo el conflicto se han quemado unos 70 contenedores, según la alcaldesa de Jerez
JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 20 Nov. (EUROPA PRESS) -
La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo (PP), ha comparecido este martes, junto a los tenientes de alcalde Antonio Saldaña, Javier Durá, Enrique Espinosa y Felisa Rosado, para condenar en nombre de todo el equipo de Gobierno los actos vandálicos sucedidos en la ciudad, a la vez que ha hecho un nuevo llamamiento a la negociación entre la empresa Urbaser y los trabajadores. La regidora popular ha insistido en que "el diálogo es la única vía para llegar a un acuerdo que ponga fin al conflicto", y ha pedido "un esfuerzo en la negociación pensando en la ciudad".
La regidora ha hecho especial hincapié en que "éste no es el camino correcto, ni el que se merece Jerez"; según señala el Ayuntamiento en un comunicado. Asimismo, ha subrayado que la mejor medida para acabar con los actos vandálicos es que la empresa y los trabajadores "retomen las negociaciones, esta misma tarde, e intenten cerrar un acuerdo que acabe el conflicto".
La alcaldesa ha dado a conocer que durante todo el conflicto se han quemado "unos 70 contenedores" que "tienen un coste para el Ayuntamiento de entre 900 a 1.000 euros cada uno". Asimismo, ha manifestado que el trabajador de Tragsa, herido en los altercados del pasado domingo, "sigue ingresado a la espera de ser intervenido".
"Ni la presión ni los gritos ni el chantaje ni las amenazas apartarán al Gobierno de su camino, que no es otro que estar alineados con la ciudad y sus ciudadanos. Todos nos hemos tenido que apretar el cinturón", ha señalado.
García-Pelayo ha apelado a la negociación, a la vez que ha manifestado su deseo de que ambas partes acerquen posturas para llegar a un acuerdo "por el bien de la ciudad", indicando "que la empresa ha trasladado al comité la necesidad de ahorrar 4,5 millones de euros, que supone la reducción salarial de un 12 por ciento, mientras que los trabajadores no quieren que se les toque la nómina y sea Urbaser la que asuma la diferencia, y luego se lo cobre al Ayuntamiento, es decir, la pescadilla que se muerde la cola".
Ante esto, la alcaldesa ha manifestado que asumirá cualquier acuerdo alcanzado "que pase por el ahorro planteado por el Ayuntamiento".
Por otro lado, la alcaldesa ha manifestado que el Gobierno "por ley garantizará la salubridad" y que ello, además, supone "una obligatoriedad moral". Conforme a esto, ha insistido en que el Ayuntamiento "no se va a quedar de brazos cruzados, por lo que se seguirán tomando las medidas que garanticen el derecho de los ciudadanos a la salubridad".
Por último, ha señalado que el Gobierno local "no va a esperar nada de la Junta de Andalucía", agregando que "con o sin su ayuda vamos a seguir para adelante". En este sentido, ha lamentado las declaraciones desde sus instituciones porque, a su juicio, "lo único que demuestran es que están muy alejados de la realidad y que anteponen los problemas de partido a resolver los problemas de una ciudad".
