La Junta ve "irresponsable" que el Ayuntamiento isleño otorgue licencia de ocupación a las torres de La Casería

CÁDIZ, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio advirtió hoy de la "grave irresponsabilidad" que, a su juicio, comete el Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz) al conceder la licencia de primera ocupación a las llamadas torres de La Casería, cuyos permisos de construcción se encuentran "anulados por los tribunales".

En un comunicado, la delegada provincial de Vivienda de la Junta en Cádiz, Silvia López, manifestó que el equipo de gobierno municipal --PA y PP-- conoce la existencia de este fallo judicial, que "obliga al Consistorio a revisar de oficio la licencia de edificación de este conjunto residencial".

López recordó que la Junta recurrió judicialmente en 2006 el permiso otorgado por el Ayuntamiento de San Fernando para las torres de La Casería, tres edificios de 16 plantas de altura, que "se encuentran fuera de ordenación"

Según dijo, la construcción se ampara en una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio y en el posterior plan parcial que la desarrolla, que fue "informado desfavorablemente" por la Consejería de Medio Ambiente y por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo. Pese a ello, el Consistorio aprobó el proyecto y le concedió la licencia de obras, cuya revisión planteó la Junta ante los tribunales.

Así, el pasado 10 de diciembre de 2008, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número dos de Cádiz dictó sentencia anulando la licencia que concedió el Ayuntamiento e instando a su revisión. El Consistorio recurrió este fallo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que "aún no se ha pronunciado".

Por ello, Silvia López incidió en el escenario de "inseguridad jurídica" que supone para los vecinos de este residencial la concesión de la licencia de primera ocupación, puesto que si el TSJA sigue el mismo criterio jurídico que el juzgado de lo Contencioso, "la propia construcción de los bloques se vería anulada judicialmente".

Finalmente, subrayó que la Junta pretende garantizar un "planeamiento urbanístico acorde con la legalidad" y velar porque los futuros propietarios de este conjunto "protejan sus intereses, que podrían verse lesionados" con esta decisión municipal.