CÁDIZ, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -
La diputada socialista en el Congreso Mamen Sánchez critica que "en 2013, nada más empezar a hablarse de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, la conocida como Ley mordaza, y con la vigencia de la actual, en la provincia se haya pasado de dos sanciones en 2010 y 2011 por la celebración de reuniones en lugares de tránsito público o de manifestaciones y por la apertura de establecimientos y la celebración de espectáculos públicos o actividades recreativas a 36 en 2013".
En declaraciones a Europa Press, Sánchez detalla que, así, "la recaudación por esas sanciones ha pasado de poco más de 600 euros en 2010 y 2011 a 11.600 euros en 2013, subiendo asimismo la cuantía media de cada una de esas sanciones de 301 a 323 euros".
A su juicio, la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana "no tiene que ver con problemas específicos de seguridad, sino con un intento de desmovilizar a los sectores sociales que se están oponiendo a las políticas de recortes de derechos sociales".
Sánchez explica que la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana "nace con el rechazo del 82 por ciento de la población y sin que haya un solo dato que justifique la necesidad de la misma". Cabe recordar que el PP hizo valer este jueves su mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados para sacar adelante la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, que ahora seguirá su tramitación en el Senado.
"Los socialistas entendemos que sólo una necesidad social apremiante puede justificar una norma que recorte derechos recogidos en la Constitución", señala.
La diputada socialista indica que "el pretexto del PP para hacer esta Ley es mejorar la seguridad ciudadana, pero la realidad es que no existe un solo dato donde se justifique este argumento y, muy al contrario, en la exposición de motivos se dice que un objetivo fundamental de esta normativa es sancionar conductas que representan un ejercicio extralimitado del derecho de reunión y manifestación".
"En estos tres años de Gobierno del PP en España se ha visto cómo no se han sentido cómodos con las manifestaciones y las protestas de los ciudadanos, que no han hecho más que hacerse oír ante las decisiones de un Gobierno que les ha recortado derechos laborales, sociales, sanitarios y educativos", recalca.
"CONTESTACIÓN SOCIAL EN ASCENSO"
Al hilo, detalla que "la contestación social en la provincia viene en ascenso desde el año 2012, con más de 2.000 manifestaciones al año de media", y ha apuntado que "si la derecha quiere frenar las protestas sociales que tanto les perturban, la solución no es convertir al ciudadano que protesta en un ciudadano bajo sospecha, sino rectificar su política socioeconómica y frenar la desigualdad".
Sánchez dice que "como resulta que la gran mayoría de los ciudadanos cuando se manifiestan no comenten delitos penales, con el esta Ley el PP les impone el derecho administrativo, porque otra cosa que hace esta Ley es sustraer del control judicial las conductas críticas contra el Gobierno, imponiendo un régimen sancionador al margen del control judicial inmediato". "El PP quita de en medio a los jueces; lo hacen cuando les investigan a ellos y también con esta Ley", apostilla.
"El compromiso del PSOE es derogar esta Ley en cuanto haya una mayoría parlamentaria que lo posibilite", comenta. Por último, expone que "por mucha ley mordaza que voten los responsables del PP, y por mucho que intenten impedir que los ciudadanos se manifiesten en la calle, no podrán impedir que se manifiesten en las urnas; ahí sí que van a tener que escuchar lo que el pueblo decida".
