CÁDIZ, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -
Ecologistas en Acción indicó hoy que el Juzgado de Instrucción número tres de Chiclana de la Frontera (Cádiz) dictó un auto solicitando que se celebre juicio oral contra los presuntos responsables del vertedero de El Berrueco, en el término municipal de Medina Sidonia.
Según informó Ecologistas en Acción en un comunicado, el juzgado considera que existen indicios racionales de criminalidad en los acusados, Juan José Leal Vela, propietario de la finca donde se ubica el vertedero, Antonio Ramírez Ortega, presidente del Consorcio Bahía de Cádiz y Agustín Aguado Hinojal, técnico del Consorcio responsable.
En este sentido, los ecologistas indicaron que "estas personas han consentido el funcionamiento durante más de una década de un vertedero sin el mínimo control de la naturaleza de los residuos que se depositaban, sin ninguna medida de vigilancia en la operación de vertido y con nulas mediadas de adecuación y corrección". Por ello, el resultado fue "un reactor químico en el que las reacciones de fermentación han generado unos lixiviados indeseables con afecciones muy graves al arroyo Valsequillo y al río Iro".
Además, añadieron que esos lixiviados contaminantes "no sólo han afectado al arroyo Valsequillo, sino también al núcleo de población colindante con el vertedero y de forma indirecta al Parque Natural Bahía de Cádiz, espacio natural protegido que ha ido recibiendo los vertidos que discurrían por el arroyo Valsequillo y finalmente por el río Iro".
RESPONSABILIDAD DE LAS ADMINISTRACIONES
A juicio de Ecologistas en Acción, "también existe responsabilidad en las administraciones concernidas (Consorcio Bahía de Cádiz, ayuntamientos de Chiclana y Medina Sidonia y Consejería de Medio Ambiente)", que han desempeñado un "lamentable papel a la hora de hacer frente a sus responsabilidades, primero autorizando el funcionamiento de un vertedero manifiestamente ilegal, después desentendiéndose de los impactos y riesgos que generaba un vertedero mal sellado y deficientemente restaurado".
Finalmente, los ecologistas indicaron que el juez considera que "existen indicios racionales de criminalidad contra los acusados", al haber podido perjudicar gravemente el equilibrio de los recursos naturales, por lo que ordena la apertura de juicio oral por el procedimiento abreviado en el que se puedan sustanciar las responsabilidades de las personas imputadas.
