HUELVA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Asociación SOS Bebés Robados de Huelva ha asegurado este lunes que no comparte "en absoluto" el criterio adoptado por los nueve magistrados de la Audiencia Provincial onubense, que ha dictado un auto en el que cierra la vía penal a los casos al considerar que todos los delitos en los que pudieran sustentarse los mismos han prescrito, pero ha dejado claro que seguirá luchando "fuera de la frontera judicial", aunque ello les impida exigir que "más de un sinvergüenza tenga que dar explicaciones ante un juez sobre las irregularidades de lo que ocurrió".
En un comunicado, al que ha tenido acceso Europa Press, señala que las familias afectadas acatan la decisión judicial de la Audiencia Provincial de no permitir que se sigan investigando, "por asumir que estamos en un país asentado en pilares democráticos, entre ellos el judicial, y las normas están para cumplirlas".
Sin embargo, desde la asociación hacen hincapié en que no comparten "en absoluto" el criterio tomado porque el pasado 28 de septiembre, hace apenas mes y medio, la Audiencia Provincial de Madrid, viéndose en la misma tesitura que la actual, "adoptó la decisión de declarar no prescritos los hechos y seguir adelante la investigación de los mismos" y los criterios, prosiguen, "son los mismos que venimos defendiendo desde hace más de un año que comenzamos esta lucha".
"El hecho de que un recién nacido no pueda valerse por sí mismo no implica que no tenga el derecho a la libertad individual", ha enfatizado, puesto que cuando "a ese bebé lo roban, no puede defenderse", indicando además que la detención ilegal es "un delito "permanente y, como tal, comienza a contar su prescripción cuando el 'bebé robado' es consciente de su situación".
En este sentido, subrayan que declarar prescritos los hechos y no permitir su investigación "solo beneficia a los delincuentes, a los profesionales sanitarios y religiosos que obraron mal y que ocultan sus miserias en el transcurso del tiempo".
"NOS CIERRAN LAS PUERTAS"
Por eso, aseguran, la Audiencia de Madrid "respalda una causa tan noble como justa" y en Huelva "nos cierran las puertas, nos impiden seguir". A juicio de la asociación, las madres afectadas "difícilmente van a entender el concepto de la prescripción, ya que ellas solo quieren encontrar a su hijos y no vivir en un mundo de mentiras".
"Se nos cierran las puertas de la justicia como medio legítimo para conocer la verdad de nuestras vidas", han destacado, a la par que enfatizan que seguramente "si quien decide archivar estos asuntos hubiera parido y le hubieran dicho en extrañas condiciones que su hijo había muerto, sin más, o que sus hijos no están enterrados en el cementerio, o que los papeles se contradicen brutalmente, quizás interpretaría este asunto de otra manera".
Por eso, han señalado que, "casualmente, las mujeres que ostentan cargos en la judicatura son más propensas a intentar llegar hasta el final en la instrucción de los asuntos".
Por último, concluyen que "nadie olvide cual ha sido y será el motor que nos da fuerzas para seguir en esta lucha, las madres nunca mienten".
