SEVILLA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Promotores y Productores de Energías Renovables de Andalucía (Aprean) criticó hoy la aplicación del borrador de Autorización Ambiental Unificada de la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (GICA), desarrollada por la Consejería de Medio Ambiente, que obliga a realizar prospecciones arqueológicas en la fase inicial de cualquier proyecto de instalación energética, ya que provoca que la "inviabilidad" de los proyectos de gran envergadura.

Los empresarios de renovables pidieron así una solución para la obligatoriedad de realizar estas prospecciones, incluso antes de su información pública, y que hacen "inviable" la ejecución de proyectos en los que, "por su gran envergadura espacial y complejidad técnica, se hace imposible determinar 'a priori' los trazados de las acometidas".

"Aprean lleva tiempo solicitando a la Administración que articule urgentemente vías de solución para hacer compatible el actual desarrollo de las energías renovables con la preservación del patrimonio", subrayó la asociación, que entendió la necesidad de una ordenada regulación, aunque advirtió de que "una mayor protección ambiental no significa necesariamente más regulación".

En este sentido, criticó la "demora" de la Junta andaluza en la tramitación de las autorizaciones medioambientales de las plantas de energías renovables, lo que provoca "una enorme desventaja competitiva con el resto de comunidades autónomas, más ágiles y eficientes en esta cuestión". Así, afirmó que estas autorizaciones tardan unos ocho meses en tramitarse en Murcia y unos 15 meses en Castilla-La Mancha 15, "mientras que en Andalucía se retrasan hasta los dos años".

"Resulta injustificable que, en tiempo de recesión económica y de creciente desempleo, se produzca una ralentización burocrática y trabas administrativas en las instalaciones de energías renovables en Andalucía", insistió Aprean, que vio "peligrar" las inversiones y la generación de empleo, cifrada en más de 100.000 puestos de trabajo en los próximos cinco años.

Por último, solicitó colaboración por parte de la Administración regional con el fin de acelerar el desarrollo de las inversiones para alcanzar "objetivos comunes en interés de la sociedad andaluza en general".