SEVILLA, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -
La XII Reunión de la Red de Oficinas y Agencias Antifraude celebrada esta semana en el Parlamento de Andalucía ha tenido como objetivo analizar los desafíos comunes que plantea la aplicación de la Ley de protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, tras su entrada en vigor el pasado 13 de marzo.
Las autoridades presentes en el encuentro han abordado diferentes aspectos de la citada ley, que van desde el ámbito de aplicación de la norma y su encaje con las normativas vigentes autonómicas, hasta la esfera de derechos del denunciante, pasando por las funciones de la futura Autoridad Independiente de Protección del Informante (AAI), según se indica en un comunicado de la Oficina andaluza antifraude.
Fruto del análisis conjunto llevado a cabo durante las dos jornadas de trabajo, se ha constatado "la necesidad de establecer mecanismos de coordinación para evitar que la aplicación de la nueva ley suponga una reducción del nivel de protección del informante en los territorios donde ya se encontraba garantizado por las normativas vigentes autonómicas y locales en la lucha contra la corrupción".
Esta apuesta decidida por fomentar la cooperación activa entre todas las instituciones competentes en la materia, servirá para clarificar cuestiones relativas a la adaptación de las normativas autonómicas a la Ley, de forma que se garantice una aplicación
homogénea de la misma y se contribuya a una mayor eficacia de las medidas previstas de protección de la ciudadanía, así como a optimizar el uso de los recursos públicos.
Otro aspecto objeto de debate ha sido la configuración y funciones de la nueva Autoridad Independiente de Protección del Informante (AAI), un órgano de ámbito estatal cuya nueva creación no debería suponer una limitación de la capacidad de acción del resto de autoridades autonómicas y locales, según la nota.
En este sentido, la Red considera fundamental aunar esfuerzos hacia una concertación real de competencias a fin de asegurar una respuesta coordinada y eficaz en todos los niveles de la administración con independencia de su ámbito de actuación competencial.
En este encuentro, organizado por la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción (OAAF) han participado representantes de la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC); la Agencia Valenciana Antifrau (AVAF); la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra; la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción en las Illes Balears (OAIB); la Dirección de los Servicios de Análisis, órgano gestor del Buzón Ético y de Buen Gobierno del Ayuntamiento de Barcelona; la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción del Ayuntamiento de Madrid; el Servicio Nacional de Coordinación
Antifraude (SNCA); la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación; la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, y el Consello de Contas de Galicia (observador).
