SEVILLA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ha señalado en comisión parlamentaria que la integración de los trabajadores del 061 y de Salud Responde en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) "es un proceso jurídico complejo que se alargará en el tiempo" y para lo cual quiere "un diálogo permanente y transparencia", porque "existen diversas realidades laborales y no puede aplicarse una sola solución a todas ellas".
Durante su comparecencia, el consejero ha destacado que desde los centros coordinados del 061 se han gestionado 1.444.110 llamadas en el primer semestre del año, toda vez que ha explicado que para llevar a cabo la actividad de coordinación de las urgencias la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias "precisa de un servicio especializado de atención telefónica que contrata desde su constitución", y que el actual contrato finaliza el 31 de diciembre de 2019, "motivo por el que se ha llevado a cabo una licitación con el fin de garantizar la continuidad del mismo".
Así, ha añadido que la duración del contrato adscrito será de doce meses, prorrogables a doce meses más, que la tramitación "se ha hecho vía ordinaria mediante procedimiento abierto" y que entre los criterios de adjudicación "está el establecimiento de un sueldo fijo mínimo, que incrementará el sueldo fijo al personaL de la sala de coordinación, excluidos pluses salariales y extrasalariales, y beneficiará el 75% de la plantilla, dado que el 25% restante tiene una situación especial derivada de acuerdos de años anteriores".
Además, ha añadido que en este nuevo contrato "se mejorarán" los equipamientos de los teleoperadores y "se redistribuirán las horas de contrato para ayudar a reducir las cargas de trabajo", y que habrá "un control de la administración para que se cumpla el pliego del contrato".
Respecto a Salud Responde, ha señalado que "es una entidad compleja" que integra "diversos servicios esenciales para la sanidad andaluza", toda vez que ha reconocido que presenta "cierto grado de conflictividad laboral" entre la plantilla "con contratos de corta duración y temporalidad". Ha explicado que cuenta con personal sanitario propio que se encarga de diseñar todos los servicios y prestar aquellos que "no pueden ser definidos únicamente por algoritmos matemáticos" y que para todas las demás labores "cuenta con personal externo".
De este modo, Aguirre ha subrayado que se trabaja para la integración de las agencias públicas sanitarias en el SAS para "una coordinación eficaz de los servicios", pero ha abundado en que "se trata de un proceso jurídico complejo que se alargará en el tiempo" y para lo cual quiere "un diálogo permanente y transparencia", porque "existen diversas realidades laborales y no puede aplicarse una sola solución a todas ellas".
El titular de Salud ha insistido en "complejidad jurídica" del proceso, por lo que "se requiere un trabajo minucioso garantizando la base jurídica y evitando mediante el diálogo la posible conflictividad laboral".
La socialista María José Sánchez Rubio ha puesto en valor el "magnífico" trabajo de los empleados de ambos servicios y ha preguntado al consejero "cómo se reestructurará esa incorporación teniendo en cuenta que son laborales y el personal del SAS es estructural", si los sueldos "serán equiparables" o "si se respetarán
las condiciones labores de las personas que están trabajando o supondrá un merma del personal o la remuneración".
Andrés Ramón Samper de Ciudadanos ha señalado que el PSOE "se negó a hacer" esta integración funcional y orgánica, un cambio que "se hará de forma gradual y contando con los representantes de los trabajadores", ya que "no debe actuarse con prisas para no mermar calidad asistencial de estos servicios". Además, ha apostado por adoptar criterios de evaluación para "asegurar la calidad del servicio, lo que ha faltado en los últimos años".
ADELANTE PIDE CONTACTAR CON LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES
Desde Adelante Andalucía María Gracia González ha señalado que la integración de los trabajadores del 061 y Salud Responde "es una cuestión de justicia y dignidad", tras la lucha contra la "precariedad" de esto servicios desde hace muchos años, ante lo que el gobierno anterior "no movió un dedo". Pero ha criticado que este gobierno "dé largas" incidiendo en que "será un proceso jurídico muy complejo" e insta a Aguirre "a ponerse en contacto real con los representantes de los trabajadores" y "a decir cómo y cuándo se hará esta integración".
La diputada María José Piñero de Vox ha lamentado las "pésimas" condiciones laborales de los trabajadores de la gestión del servicio telefónico en ambos servicios, para añadir que "había que meterle mano a este tipo de mala gestión". "Esperamos que las cosas se solucionen y a partir de ahora todas las empresas paralelas vayan desapareciendo", ha manifestado.
Por último, la popular Beatriz Jurado ha acusado al gobierno anterior de haber provocado esta situación, una situación "compleja que requiere de un proceso jurídico muy difícil, un reto que no será un obstáculo", toda vez que ha subrayado que mientras se resuelve la integración "se mejorarán los pliegos de licitaciones y se velará así por las condiciones de los trabajadores".
