SEVILLA, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -
Casi el 75 por ciento de los municipios andaluces situados en zona de alto riesgo de incendios cuenta con planes de emergencias, lo que, la sitúa en una planificación más avanzada comparada con el dato del conjunto de España --el 80 por ciento de las localidades en zonas de riesgo no tiene este tipo de planes--, aunque aún queda mucho por hacer porque la comunidad no cuenta con planes de prevención.
Así se desprende del informe 'Protege el bosque, protege tu casa', presentado este martes por Greenpeace, en el que analiza las causas de la nueva era de incendios de alta intensidad de los últimos años y denuncia la falta de planes de prevención, emergencia y autoprotección contra incendios forestales en España, un problema que ha alcanzado la categoría de emergencia social.
El informe, elaborado por Greenpeace en colaboración con Medi XXI, consultora especializada en ingeniería forestal, ha separado los grados dos de planificación en prevención, emergencias y autoprotección.
De los 778 municipios andaluces, 592 están en zona de alto riesgo, de los que 436 tienen planes de emergencias aprobados. Además, doce municipios sin obligación también disponen de planes aprobados. Sin embargo, "no se dispone de información referente a planes de prevención, aunque sí aparecen regulados mediante una normativa específica, la Ley 5/1999 de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales, donde se desarrolla ampliamente la gestión preventiva de los terrenos forestales frente a los incendios forestales", ha matizado la organización.
Greenpeace ha añadido que "tampoco se tienen datos sobre planes de autoprotección, pese a que la Consejería de Medio Ambiente ha establecido una serie de medidas, tanto legales como ejecutivas, para frenar la frecuencia de incendios en estas zonas". "Como en la mayor parte de los casos, no hay un indicador del grado de implantación de dichos planes", ha lamentado.
La responsable de la campaña de Incendios de Greenpeace, Mónica Parrilla, ha señalado que Andalucía "destaca por sus planes de emergencia, pero queda mucho recorrido para asegurar una planificación preventiva, de emergencias y de autoprotección frente al riesgo de incendios forestales" y ha añadido que "en zonas susceptibles de sufrir terremotos, por ejemplo, hay percepción del riesgo, sin embargo, en zonas de riesgo de incendio forestal se crean viviendas sin que la población perciba el peligro y, por tanto, se prepare para prevenir incendios y mitigar sus impactos".
Entre otras causas, Greenpeace ha señalado que los montes españoles, en los que a menudo se insertan viviendas, son "un auténtico polvorín para los incendios forestales". En apoyo al informe, la ONG ha publicado imágenes y vídeos que evidencian de forma dramática esta situación a la que se enfrenta la población en la mayor parte de las zonas con alto riesgo de incendio.
En el conjunto de España, doce comunidades (incluyendo Ceuta) cuentan con una planificación considerada deficiente o muy deficiente. Entre ellas, destacan Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco y las provincias de León y Zamora, ya que sufren el 51,57 por ciento del total anual de los incendios.
La Ley de Montes, que regula la planificación de incendios a nivel autonómico y municipal, establece la obligatoriedad de las comunidades autónomas de elaborar planes preventivos en zonas de alto riesgo. Tampoco se cumple la Directriz Básica de Protección Civil que obliga a los municipios en zonas de riesgo a contar con un plan de emergencias, por lo que se incumple la normativa de forma casi generalizada.
MEJOR GESTIÓN FORESTAL Y MÁS AUTOPROTECCIÓN
Según Greenpeace, "cada vez hay más episodios de incendios forestales de altísima gravedad con desalojos masivos, pérdidas de bienes, personas fallecidas y miles de hectáreas calcinadas". En 2017, el 63 por ciento de los incendios producidos quedaron en menos de una hectárea afectada. Sin embargo, a pesar de representar menos del 0,5 por ciento en el número total de incendios, 56 grandes incendios forestales fueron responsables de la destrucción de casi el 55 por ciento de las hectáreas quemadas aquel año.
El director de Greenpeace España, Mario Rodríguez, ha explicado que "el cambio climático y la evolución en los patrones demográficos han provocado que los incendios forestales ya no sean una excepción, sino la tendencia con la que la sociedad debe convivir, asumiendo el riesgo y, por tanto, la responsabilidad de poder mitigarlo", que añade que "no es una situación única de España ya que Portugal, Chile, Australia, Sudáfrica o Estados Unidos han sufrido grandes incendios de altísima gravedad en entornos altamente humanizados en los últimos años". "Se trata de un problema ambiental que afecta a la seguridad nacional", ha resaltado.
El informe 'Protege el bosque, protege tu casa' ha destacado que el riesgo de incendios forestales se debe gestionar con una correcta gestión forestal, de forma que se protejan los bosques y a las personas que los habitan y con la concienciación de la ciudadanía para que proteja su vivienda, tomando medidas preventivas y de autoprotección.
"Dado que la prioridad de defensa en España pone por delante a las personas y a los bienes por encima del medio ambiente, es muy importante tener protegidas nuestras viviendas para que los medios se puedan centrar en la extinción del fuego y no en defender viviendas vacías, lo que revertiría en menos hectáreas calcinadas de bosque y en la seguridad de la población", ha destacado el consultor de Medi XXI y uno de los mayores expertos internacionales en gestión de emergencias de incendios forestales, David Caballero.
Para Greenpeace, el modelo actual de gestión de incendios basado en la extinción no resuelve el problema ya que se centra en las causas que originan el fuego, pero no en las que lo propagan y los progresivos cambios demográficos, el abandono rural o la matorralización de cultivos abandonados han modificado el paisaje y, por tanto, la frecuencia e intensidad de los incendios.
La responsable de la campaña de Incendios de Greenpeace ha señalado que en este paisaje inflamable se inserta además una planificación urbanística que "no tiene en cuenta el riesgo de incendios forestales, es el momento de cuestionar la idoneidad de viviendas en zonas donde el riesgo de incendio es muy elevado para la población y para el bosque o de asumir este peligro".
"Es fundamental que la población demande recursos para que los municipios cuenten con planes de emergencia ante incendios y, por supuesto, que estos se implementen. Y que, además, las personas propietarias de una vivienda elaboren su propio plan de autoprotección. No hacerlo revierte no sólo en sus bienes, sino también en el bosque y en la seguridad de los operativos de extinción y emergencias que asumen más riesgos de los debidos", ha concluido Parrilla.
