GRANADA, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -
Los juzgados han comenzado a dictar las primeras sentencias a raíz de las denuncias interpuestas en todo el país contra fabricantes europeos de camiones que fueron sancionados por la Unión Europea por pactar un sobreprecio a sus vehículos.
Así lo ha indicado a Europa Press el letrado Javier López y García de la Serrana, presidente de Hispajuris, firma legal que representa a más de 19.000 afectados, quien ha señalado que, en un breve plazo, comenzarán a resolverse los más de cien procedimientos judiciales que ha iniciado contra el conocido como cártel de los camiones.
En una nota de prensa remitida a Europa Press, Hispajuris ha concretado que se han celebrado ya numerosas audiencias previas, así como dos juicios que se encuentran pendientes de sentencia. Hay un tercero previsto para septiembre, con varias demandas acumuladas.
Durante el próximo año judicial, se prevé la celebración del resto de juicios pendientes, una vez celebradas las correspondientes audiencias previas, ha precisado López y García de la Serrana.
El 19 de julio de 2016, la Comisión Europea hizo público que varias sociedades fabricantes de camiones habían cometido, entre el 17 de enero de 1997 y el 18 de enero de 2011, "una serie de conductas ilegales al constatarse la existencia de acuerdos y prácticas concertadas para la fijación de los precios de los camiones".
Por esta razón, la Comisión Europea sancionó a los fabricantes de camiones MAN, Volvo/Renault, Daimler, Iveco y DAF, por "infringir" el artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y el artículo 53 del Acuerdo del Espacio Económico Europeo, que prohíbe cárteles y otras prácticas restrictivas de la libre competencia.
Transcurridos dos años desde el encargo profesional a esta red de despachos por parte de propietarios de más de 19.000 vehículos adquiridos durante el periodo en que el cártel de camiones habría funcionado (1997-2011), el presidente de Hispajuris ha informado de la presentación, en una primera tanda, de más de un centenar de demandas --traducidas al alemán, italiano, holandés, francés o sueco, según el fabricante demandado-- cubriendo la práctica totalidad de los juzgados españoles de lo Mercantil.
Aún así, "a fecha de hoy, debido a la lentitud de la tramitación de los procedimientos, propia de la Administración de Justicia, agravado por el entorpecimiento sistemático de los mismos por los fabricantes, aún quedan muchas audiencias previas y juicios pendientes de celebrar de esas primeras cien demandas presentadas hace más de un año", ha precisado Javier López y García de la Serrana.
La mayoría de las demandas interpuestas por la firma Hispajuris en todo el territorio español han sido contestadas por los distintos fabricantes solicitando, en la práctica totalidad de los asuntos, que "se declare la nulidad del emplazamiento realizado y planteando declinatoria por falta de jurisdicción de los tribunales españoles".
Ante ello, Hispajuris ha defendido la validez de los emplazamientos realizados y la competencia de la jurisdicción española para conocer sobre estas demandas por corresponder al lugar en que se ha materializado "el perjuicio" sufrido por los propietarios de camiones.
"A día de la fecha, esta estrategia procesal de los fabricantes de camiones ha fracasado, siendo favorables todas las resoluciones obtenidas al respecto", ha explicado López y García de la Serrana.
En este sentido, el pasado 28 de marzo el Juzgado mixto de lo Mercantil y de Primera Instancia número 6 de Logroño celebró el primer juicio frente al fabricante Iveco. Posteriormente, el 4 de julio tuvo lugar en el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Oviedo el juicio de otro cliente de Hispajuris relativo al procedimiento ordinario iniciado frente al fabricante Daimler. Son los dos asuntos que se encuentran pendientes de sentencia.
Asimismo, el próximo día 13 de septiembre, está señalado en el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Pontevedra un juicio frente al fabricante MAN.
Las demandas y el informe pericial presentado con la misma son "de lo más acertado, a nuestro entender", ha señalado el letrado. No obstante, se ha creído positivo realizar una segunda versión del informe pericial con el "único objeto de ampliar aún más la muestra de vehículos utilizada, a la vista de las contestaciones realizadas por los fabricantes y de las audiencias previas y juicios celebrados".
En este sentido, de la información facilitada por los fabricantes se ha podido extraer "información con la que precisar aún más la cuantificación del daño causado por el cartel de los fabricantes de camiones".
El informe viene a cuantificar el perjuicio económico sufrido por las distintas empresas en el periodo en el que el fabricante estaba participando en el cártel a través de varios métodos comparativos --comparación diacrónica, con otros mercados geográficos y con datos de otros mercados de productos-- y de simulación --con métodos de simulación, basados en costes y financieros--.
El estudio ha sido realizado por un nutrido equipo de economistas, miembros del Departamento Forensic Accountants (pérdida de beneficios y riesgos financieros) del Grupo Addvalora, y por el profesor de Econometría de la Universidad Complutense de Madrid, Andrés Bergé Gil.
En este sentido, hay que destacar la labor de estudio e investigación realizada por los despachos HispaColex y Aesyr & Abogados, ambos socios de Hispajuris en Granada/Málaga y Santander, que "son los artífices del estudio y confección de la demanda, en colaboración con el resto de despachos" de la firma.
200.000 AFECTADOS
La Asociación para la Defensa de los Derechos de los Consumidores ya mostró su intención hace aproximadamente año y medio de demandar a los cinco fabricantes de vehículos industriales que fueron sancionados por la Comisión Europea por pactar precios, un caso que puede afectar a 200.000 personas en España.
Así, más de 200.000 españoles titulares de camiones podrían tener derecho a indemnización por el sobreprecio pagado entre 1997 y 2011.
A mediados del pasado ejercicio, la Comisión Europea anunció una multa de 2.930 millones de euros contra MAN, Volvo/Renault, Daimler, Iveco, y DAF por "haber pactado los precios de venta de vehículos y de haber repercutido en el comprador los costes de cumplir con las normas en materia de emisiones".
