El Defensor andaluz afea "dilaciones" de hasta tres años para obtener el reconocimiento del grado de discapacidad

SEVILLA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Defensor del Pueblo Andaluz afea a la Administración andaluza las "dilaciones" que "llegan a ser superiores a dos años e incluso, en algunas provincias, a tres" en el reconocimiento del grado de discapacidad. Un "retraso" en las valoraciones o revisiones que está impidiendo a los afectados "acceder a determinados derechos relevantes para su vida".

Andalucía cerró 2025 --últimos datos disponibles-- con más de 123.000 resoluciones, un 18,3% más que en 2024, el año que se emitieron "más resoluciones de grado de discapacidad; más tarjetas de aparcamiento y más solicitudes de alta que se han incorporado al sistema en los últimos ocho años en Andalucía (2018 a 2025)", según los datos facilitados por la Junta a Europa Press

En la resolución, con fecha de mayo de 2026, consultada por Europa Press, la Oficina recuerda que ya abrió una queja por este motivo en julio de 2023 y que "habiéndose constatado que, a esta fecha, no se está dando una respuesta a la ciudadanía conforme a la normativa en vigor, ni emitido informe a esta Defensoría con el resultado de las medidas implementadas", y por ello pide de nuevo información detallada sobre los tiempos medios de respuesta de los expedientes pendientes en los Centros de Valoración y Orientación (CVO) de cada provincia.

La secretaria general de Servicios Sociales de la Consejería de Servicios Sociales, Familias e Igualdad, Ana Vanessa García, ha reconocido en declaraciones a Europa Press que "somos conscientes de que existen demoras y estamos trabajando desde que llegamos al Gobierno". "No está siendo fácil porque no queremos los parches del pasado. En el Gobierno de Juanma Moreno no miramos para otro lado y, por eso, estamos llevando a cabo una reforma estructutral".

En cuanto a las medidas adoptadas, apunta García, la Junta ha creado 75 puestos "estructurales nuevos" en los CVO; ha revisado los procedimientos para hacerlos "más ágiles y eficientes"; y ha invertido 3,3 millones de euros en equipamiento informático y digitalización de archivos en papel. "Queda mucho por hacer pero estamos trabajando con seriedad y con una planificación estructural", sostiene la secretaria general.

De hecho, para García, esta reforma estructural "está empezando a funcionar, como está ocurriendo con la Dependencia y el cambio del modelo de sistemas". "Los cambios necesitan tiempo. No tenemos varitas mágicas", apostilla la secretaria general de Servicios sociales, que recuerda que estas demoras en la valoración de la discapacidad "vienen de lejos y se vieron agravadas por la pandemia, la escasez de médicos y por la entrada en vigor del nuevo baremo aprobado por el Gobierno en 2022 y que comenzó a aplicarse en abril de 2023".

Una herramienta esta última "impuesta a las comunidades por el Gobierno central que no era compatible con nuestros sistemas informáticos, lo que nos obligó a realizar una profunda adaptación tecnológica y a formar a los profesionales".