SEVILLA, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -
Andalucía es la segunda comunidad tras Madrid que más quejas registró ante el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, hasta un total de 4.186, 792 más que el año anterior.
El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha registrado este viernes en las Cortes Generales el Informe anual de la actividad de la institución en 2023, que detalla que el Bono Alquiler Joven suscitó en 2023 un número elevado de quejas en Andalucía, Comunidad de Madrid, Galicia y Región de Murcia.
Las administraciones autonómicas manifestaron que estaban desbordadas ante el elevado número de solicitudes recibidas y que no disponían de capacidad suficiente para atender la carga de trabajo. Así, la región andaluza indicó que se recibieron más de 17.000 solicitudes en tan solo tres días, lo que, además de dar lugar al cierre provisional de la convocatoria dado el crédito disponible, colapsó su web. El Instituto Gallego de Vivienda y Suelo comunicó que en un período de cuatro meses había recibido 14.441 solicitudes.
Sobre los menores migrantes llegados a Canarias, el Defensor del Pueblo considera necesario dotar a las islas de infraestructuras adecuadas y de personal especializado en las llegadas para la identificación, acogida e integración de los menores.
También ha recomendado revisar el protocolo para la derivación de personas indocumentadas, cuya minoría de edad pueda resultar dudosa, al recurso adecuado. Además, recuerda que hasta que exista una norma específica reguladora de la determinación de la edad, la jurisprudencia del Tribunal Supremo establece que si la persona aporta un acta de nacimiento o un pasaporte que no han sido impugnados, no es razonable considerarla indocumentada. A pesar de ello, el Defensor recibe numerosas quejas que demuestran que no siempre se aplica este criterio.
De otro lado, la Institución ha detectado que los órganos de consumo no informan adecuadamente a la ciudadanía acerca de las diferencias existentes entre la vía de la mediación y la vía del arbitraje, por lo que durante al pasado año dirigió varias recomendaciones y una sugerencia a la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía.
PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES
El Defensor del Pueblo culminó en 2023 una actuación de oficio ante las consejerías competentes de todas las comunidades autónomas, las diputaciones forales, las dos ciudades autónomas y la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, para comprobar el grado de cumplimiento y coordinación de las medidas previstas en el Real Decreto-Ley 15/2022, por el que se adoptan medidas urgentes en materia de incendios forestales, aprobado como respuesta a los graves incendios acaecidos en la primavera y el verano de ese año.
Entre las conclusiones alcanzadas destaca, por un lado, la necesidad de reforzar las medidas relacionadas con la prevención de los incendios forestales, en particular las orientadas a favorecer la gestión forestal sostenible, la resiliencia de los montes frente al fuego y una correcta ordenación de los usos del suelo. Por otro, cabe mencionar la necesidad de intensificar la coordinación administrativa y la coherencia entre las políticas públicas relacionadas.
El resultado de las actuaciones del Defensor del Pueblo se plasmó en una serie de Recordatorios de deberes legales que fueron dirigidos a las consejerías competentes de varias comunidades, entre ellas Andalucía.
Además, La protección de la atmósfera y las medidas contra el cambio climático protagonizaron parte del trabajo del Defensor del Pueblo en materia medioambiental. Así, se iniciaron actuaciones de oficio en 33 ciudades para investigar el retraso advertido en la implantación de las Zonas de Bajas Emisiones de Especial Protección (ZBE); se analizaron casos de emisiones atmosféricas de centrales térmicas como la Central Diésel de Melilla, o la contaminación atmosférica generada por la manipulación de graneles sólidos en los puertos de Almería, Alicante y Bahía de Cádiz.
