SEVILLA, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla ha celebrado este martes la primera sesión del juicio promovido contra el empresario Carles Valdellós Blanch por una ayuda supuestamente "injusta y arbitraria" de 84.522 euros, concedida en 2009 con cargo a la partida presupuestaria 31L de los fondos autonómicos y mediante el mecanismo investigado en la trama de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos o innecesarios financiados por la Junta de Andalucía.
Tras la fase de las cuestiones previas, ha prestado declaración el acusado, Carles Valdellós Blanch, administrador único de la sociedad Nerva Croissant, con domicilio social en dicha localidad onubense y dedicada a los productos de bollería y pastelería, toda vez que según la Fiscalía, el empresario, "sabedor" de que la Dirección General de Trabajo de la Junta de Andalucía "concedía ayudas al margen del procedimiento legal, llegó hasta el responsable" de la misma, entonces Juan Márquez, "y consiguió que en agosto de 2009 que éste le concediera, de manera absolutamente injusta y arbitraria, una ayuda de 84.522,13 euros con el consentimiento de sus superiores, Antonio Fernández y Agustín Barberá, consejero y viceconsejero de Empleo, respectivamente".
Juan Márquez, según la Fiscalía, concedió la ayuda "sabedor de que ni la concesión ni el pago iban a ser objeto de fiscalización crítica alguna, sin que estuviera justificado fin público alguno y sin que concurriera en la solicitud motivo alguno que hubiera dificultado la convocatoria pública de una ayuda excepcional como la que se solicitaba"; es decir que actuó "sin seguir procedimiento reglado alguno, de manera absolutamente arbitraria y con el conocimiento y consentimiento de Antonio Fernández y Agustín Barberá".
Así, y según la Fiscalía, en agosto de 2009, Márquez aprobó una "ayuda sociolaboral excepcional a los trabajadores" de la empresa de Valdellós por importe de 84.522 euros y encomendó su pago a la Agencia IDEA", cuando "el beneficiario era la propia empresa y no sus trabajadores, pues la finalidad de la ayuda era solventar obligaciones contraídas por la sociedad, bien con los trabajadores, bien con la Agencia Tributaria o la Tesorería General de la Seguridad Social".
EL EXPEDIENTE DE LA AYUDA
Es más, según la Fiscalía, Márquez "ordenó que se elaborara por el personal de la Dirección General de Trabajo una colección de documentos a modo de expediente, que no era más que un mero artificio para intentar dar apariencia de legalidad a la arbitraria decisión de disponer de fondos públicos".
Pero como fue detectado que la empresa no podía recibir ayudas "por tener al menos un embargo de la Seguridad Social", el acusado y Márquez habrían acordado que se concediera "una nueva ayuda en los mismos términos" a la empresa Desarrollos Tecnoalimentarios Nerva, perteneciente igualmente a Valdellós Blanch y que "carecía de actividad alguna y no tenía trabajadores". Los 84.522 euros fueron finalmente transferidos a esta segunda entidad y usados para saldar deudas pendientes con la plantilla de Nerva Croyssant.
Carles Valdellós Blanch, que sólo ha accedido a responder preguntas de la defensa, ha explicado en su comparecencia que todo habría sucedido en una situación de "impagos de nóminas y a los proveedores", contexto en el que los sindicatos le "presionaban" a él y a la Junta de Andalucía, pero él carecía de "disposición" económica para afrontar los salarios de la plantilla de Nerca Croissant.
EL EMPRESARIO SE NEGÓ "A FIRMAR"
En ese marco, ha asegurado que "en ningún momento" solicitó los 84.522 euros objeto de este juicio y que se negó a "firmar" una resolución que le entregaron para que la cumplimentase con relación a la recepción de fondos públicos. Fue después, según su testimonio, cuando supo de "pagos a los trabajadores" gracias a una inyección de 84.522 euros, dinero procedente de ese trámite que él se negó a firmar, según ha insistido, defendiendo que él no ha recibido "ni un euro" de la Junta de Andalucía. "Me negué a firmar. No firmé nada", ha enfatizado.
Respecto a la empresa Desarrollos Tecnoalimentarios Nerva, ha admitido que "nunca tuvo trabajadores" y ha reconocido que la dedicaba a "traspasar" activos a Nerva Coriossant, si bien ha alegado que su creación se la propuso un responsable de la entonces caja de ahorros El Monte y edil en el Ayuntamiento de Nerva, para la "negociación" de los pagarés emitidos por el Consistorio. "Sé que estuvo mal", ha admitido el empresario, argumentando que fue una operación destinada sólo a la supervivencia de la actividad económica.
Así, ha asegurado que "nunca" actuó a sabiendas de que pudiese incurrir en alguna supuesta ilegalidad, defendiendo su apuesta empresarial por crear actividad y empleo en Nerva.
Además, ha testificado el que fuera director general de Trabajo Juan Márquez, toda vez que la Fiscalía no formula acusación contra él, Antonio Fernández y Agustín Barberá y Márquez, considerando que los hechos objeto de este procedimiento están ya abarcados por la sentencia de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla que les condena como autores de delito continuado de prevaricación en concurso medial con delito continuado de malversación de caudales públicos, por el procedimiento específico mediante el cual eran canalizados los fondos de la partida presupuestaria 31L de los fondos autonómicos.
EL PAPEL DEL COMITÉ DE EMPRESA
Márquez ha explicado que con relación a los 84.522 euros concedidos para Nerva Croissant, fue el comité de empresa de la entidad el que "contactó" con él, manifestando que cree recordar que después fue alcanzado "un acuerdo" para conceder una "ayuda sociolaboral a los trabajadores", pues él no habría participado en las reuniones.
Además, y a preguntas del fiscal, ha asegurado desconocer que en 2004, la empresa Nerva Corissant había recibido tres ayudas autonómicas por valor de unos 255.000 euros por parte de la agencia IDEA, siendo objeto además de una subvención en 2006 en materia de formación y de una ayuda más del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) para contrataciones indefinidas.
También ha defendido que "en absoluto sabía" que la empresa arrastraba deudas con la Hacienda Pública y embargos por tal motivo, alegando que él "no gestionaba" los expedientes administrativos de las subvenciones, sino que sólo "firmaba" las resoluciones de las ayudas. "Yo me limitaba a la firma", ha enfatizado. La gestión directa de estos asuntos, según ha dicho, correspondía a personal como los entonces asesores de la Consejería de Empleo María José Rofa o Ramón Díaz.
En cualquier caso, Juan Márquez ha asegurado que los fondos concedidos estaban destinados a "facilitar la continuidad de la empresa" y de los puestos de empleo, manifestando no recordar numerosos aspectos de este asunto porque en 2009, en plena crisis socioeconómica mundial, su departamento tenía "muchos frente abiertos" y esta ayuda "no era una prioridad dentro" de sus "preocupaciones".
