Archivo - Imagen de archivo de un consumidor con una tarjeta bancaria en la mano. - FACUA - Archivo
SEVILLA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -
Facua Andalucía ha trasladado a la Junta de Andalucía un conjunto de propuestas para la elaboración de los planes de inspección de Consumo y Comercio de 2027 con el objetivo de mejorar la eficacia de los controles administrativos, prevenir prácticas abusivas y reforzar la protección de los derechos de los consumidores.
Según ha informado Facua Andalucía en una nota, la federación ha planteado que las políticas públicas de inspección deben dar prioridad a aquellos sectores que tienen una mayor repercusión económica y social sobre las familias, como son la vivienda, la banca o los suministros básicos, "sin dejar de atender a los nuevos riesgos derivados de la digitalización de las relaciones comerciales".
Con estas aportaciones, Facua quiere contribuir activamente a la planificación de unas inspecciones más eficaces, que no se limiten a comprobar obligaciones formales sino que permitan detectar y corregir los problemas reales que afectan a la ciudadanía.
Una de las principales prioridades planteadas por la federación es reforzar las inspecciones en el mercado inmobiliario, especialmente en un contexto en el que el acceso a la vivienda constituye "una de las mayores preocupaciones sociales". Además, ha pedido intensificar la vigilancia en las agencias inmobiliarias y los portales de vivienda, "comprobando que se facilite información transparente sobre precios y condiciones contractuales y que no se incorporen cláusulas abusivas".
En este sentido, Facua ha demandado a inmobiliarias que intentan repercutir a los inquilinos gastos de gestión que legalmente corresponden a los propietarios, utilizando conceptos como "estudios de viabilidad, servicios al arrendatario o fees". Así, la federación ha considerado fundamental que la administración actúe sobre estas prácticas, evitando que los usuarios que buscan una vivienda tengan que asumir costes indebidos en un mercado en el que su capacidad de negociación es "especialmente limitada".
Por otro lado, ha reclamado que el sector bancario sea objeto de una vigilancia prioritaria, dado el elevado número de reclamaciones y denuncias que continúan produciéndose por prácticas que perjudican económicamente a los consumidores. Así, la federación ha recordado que durante varios años ha solicitado campañas específicas de inspección bancaria y ha avisado de que la prevista para 2026, figuraba todavía como pendiente de ejecución en la información pública disponible.
Entre las cuestiones que Facua ha considerado "prioritarias" se encuentran el cobro de comisiones injustificadas, las modificaciones unilaterales de condiciones contractuales, la comercialización de tarjetas revolving y minicréditos, así como las deficiencias de información y atención a los clientes.
Además, Facua ha propuesto controlar las limitaciones de la atención presencial en las entidades financieras, especialmente cuando afectan a personas mayores o vulnerables, y verificar la respuesta de los bancos ante operaciones fraudulentas y cargos no autorizados. Así, ha defendido que el control de las entidades financieras "debe garantizar que la prestación de servicios bancarios básicos no se convierta en una fuente de abusos económicos ni de exclusión de determinados colectivos".
CONTROL DE LAS PROMOCIONES EN EL COMERCIO DIGITAL
Otro de los grandes ejes de las propuestas es la modernización de la actividad inspectora ante la transformación de los hábitos de consumo y las estrategias comerciales de las empresas. Facua ha propuesto reforzar la vigilancia de los descuentos y las ofertas promocionales, verificando que las rebajas anunciadas sean reales y que los precios de referencia se ajusten a la normativa.
Asimismo, la federación también ha solicitado ampliar los controles sobre las ventas realizadas a través de redes sociales, plataformas de comercio electrónico y marketplaces, prestando especial atención a la identificación de los vendedores, la publicidad de influencers y la transparencia de las condiciones de contratación. Además, ha planteado incorporar actuaciones específicas sobre el uso de inteligencia artificial y algoritmos que permiten personalizar ofertas y precios en función del perfil de cada consumidor con el fin de detectar posibles prácticas engañosas, abusivas o discriminatorias.
Por otra parte, ha propuesto inspeccionar los denominados "patrones oscuros", técnicas utilizadas en páginas web y aplicaciones para condicionar las decisiones de compra, dificultar la cancelación de servicios o inducir a contratar prestaciones adicionales no deseadas.
De este modo, las propuestas incluyen igualmente campañas específicas sobre la comercialización eléctrica para verificar el cumplimiento de las nuevas obligaciones de contratación, información y transparencia. Además, Facua ha reclamado una vigilancia "especial" del cumplimiento de la nueva normativa sobre servicios de atención a la clientela, especialmente en lo relativo a la atención humana, la accesibilidad y los plazos de respuesta a las reclamaciones.
Igualmente, la federación también ha planteado que las memorias de inspección permitan conocer no solo cuántas actuaciones se realizan, sino cuáles son las irregularidades detectadas, qué empresas y sectores presentan mayores problemas y qué medidas se adoptan para corregirlos. "La inspección debe ser una herramienta fundamental de prevención de abusos, corrección de irregularidades y mejora del funcionamiento del mercado, especialmente en aquellos ámbitos en los que están en juego necesidades esenciales y una parte importante de la economía familiar".
Por último, Facua ha reivindicado el fortalecimiento de los recursos públicos de inspección y una mayor orientación de las políticas de control hacia los problemas que realmente afectan a los consumidores andaluces.
