La Junta rebaja a diez años la solicitud de prisión para el dueño de Umax al retirar la acusación por un delito contra la Hacienda Pública
SEVILLA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Ministerio Público mantiene su petición de diez años de prisión para los tres ex directores generales de Trabajo y dos ex secretarios generales técnicos de Empleo de la Junta acusados en el juicio que celebra desde el 8 de enero la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla, en el que también está siendo juzgado el dueño de Umax Informática y Consultoría, por los pagos realizados entre 2003 y 2010 por la Consejería de Empleo a esta empresa por la contratación de 44 trabajadores que "pertenecían al círculo de amigos y familiares" del ex director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero, uno de los encausados.
En la sesión de este miércoles del juicio y tras la conclusión de las fases testifical y documental, la Fiscalía ha elevado sus conclusiones a definitivas, por lo que ha mantenido su petición de diez años de cárcel y 32 años de inhabilitación para los cinco ex altos cargos de la Junta de Andalucía acusados en este procedimiento. Esto es, tres ex directores generales de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, Juan Márquez y Daniel Rivera; y dos ex secretarios generales técnicos de Empleo, Javier Aguado y Lourdes Medina. Salvo Rivera, todos ellos han sido juzgados también por la Audiencia de Sevilla por el denominado procedimiento específico de concesión de las ayudas de los expedientes de regulación de empleo (ERE) presuntamente fraudulentos.
Además, la Fiscalía reclama para los cinco ex altos cargos nueve años de inhabilitación por el delito de prevaricación; seis años de prisión y 18 de inhabilitación por el delito de malversación, y cuatro años de cárcel y otros cinco años de inhabilitación, además del pago de una multa de 13.500 euros, por un delito de falsedad, mientras que para el dueño de Umax, Ulpiano Cuadrado, solicita en total ocho años y medio de prisión y el pago de una multa de 7.500 euros.
Asimismo, la Fiscalía reclama que los seis acusados indemnicen conjunta y solidariamente a la Junta de Andalucía con 2.556.036,2 euros por las cantidades "indebidamente" percibidas por Umax desde el año 2003 hasta el año 2010, cantidad de la que responderá subsidiariamente la propia entidad, así como que se declare la nulidad de los contratos realizados por Umax con la Dirección General de Trabajo desde 2007 hasta 2010.
Por su parte, la abogada que ejerce la acusación por la Junta de Andalucía ha modificado alguna de sus conclusiones provisionales, rebajando la petición de prisión para Ulpiano Cuadrado. Así, cabe recordar que la Junta solicitaba inicialmente once años de cárcel y 30 de inhabilitación para Guerrero; siete años de prisión y 23 de inhabilitación para Juan Márquez, y 16 años de cárcel para el administrador único de Umax, mientras que no acusa a los otros tres ex altos cargos procesados por la juez de Instrucción número 10 de Sevilla.
De igual modo, la Junta reclama que Guerrero indemnice a la Junta con 467.106,142 euros y que Márquez lo haga en la cantidad de 434.393,75 euros, en ambos casos de forma solidaria con el administrador de la empresa.
Si bien, este miércoles la abogada de la Junta, al modificar las conclusiones provisionales, ha retirado la acusación a Ulpiano Cuadrado un delito contra la Hacienda Pública en la modalidad de fraude en subvenciones. De esta manera, de los 16 años de prisión que inicialmente reclamaba para éste su petición ha pasado a diez años. Además, el dueño de la sociedad deberá indemnizar a la Junta en más de 390.000 euros, cantidad que en caso de impago deberá asumir de forma subsidiaria Umax. Cuadrado también tendrá que asumir las responsabilidades civiles solicitadas a Guerrero y Márquez con carácter solidario.
Por su parte, las defensas, en líneas generales, han mantenido sus conclusiones provisionales, solicitando la libre absolución de sus clientes. Si bien, algunas de estás han interesado se aprecie la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas de forma alternativa. Tras las conclusiones, el trámite de informes por las partes se evacuará en las sesiones fijadas para los días 12 y 13 de marzo.
IMPUGNAN LOS CORREOS APORTADOS POR ROFA
Con carácter previo, la defensa de Guerrero, que ejerce el letrado Rafael Ramírez, ha impugnado los documentos, entre ellos correos electrónicos, aportados por la exasesora de la Dirección General de Trabajo María José Rofa, en su declaración como testigo, por vulneración del artículo 24 de la Constitución y causar indefensión, así como por la imposibilidad de contradicción. Entre cuestiones, estos documentos no fueron presentados en el momento procesal oportuno por ninguna de las partes, que hubiese sido en cuestiones previas. A esta solicitud se ha adherido la mayoría de las defensas.
Entre la nueva documentación aportada por Rofa se encuentran dos facturas de fecha de 2007 impagadas a Umax por importe de 1,1 millones de euros y 281.563 euros firmadas por Guerrero.
A juicio del Ministerio Público, todos los acusados "se pusieron de acuerdo con el fin de facilitar la contratación" de Umax, "a sabiendas de que dicha entidad no cumplía con los requisitos que la legislación administrativa requería para la realización de dicha contratación, creando a partir del año 2003 una estructura administrativa de personal al margen de las previsiones contenidas en la relación de puestos de trabajo vigente en la Dirección General de Trabajo y en las delegaciones provinciales mediante la contratación de personas que no cumplían con los requisitos para ello".
Según expone la Fiscalía en su escrito de acusación, los pagos derivados de este tipo de contratación "se realizaron bien acudiendo a procedimientos negociados sin publicidad o bien en expedientes de contratación menor en la que se giraban una serie de facturas por parte de la entidad Umax que correspondían a servicios inexistentes, facilitando el pago inmediato de la retribución convenida entre todos los acusados".
Asimismo, señala que "se ha podido comprobar" que el personal contratado por Umax "prestó servicios para la antigua Consejería de Empleo, ejerciendo funciones en las sedes de varios órganos directivos y administrativos de la misma y realizando en algunos casos tareas que deberían haber sido efectuadas por personas integradas en la función pública de la Junta, por ser de la naturaleza que sustenta la propia existencia de dicha función durante el tiempo que va desde el año 2003 hasta el año 2010".
El Ministerio Público asevera que los trabajadores que fueron contratados "pertenecían al círculo de amigos y familiares" de Guerrero, que fue director de Trabajo entre 1999 y 2008, cargo en el que le sustituyeron Juan Márquez, entre 2008 y 2010, y Daniel Alberto Rivera, de 2010 a 2012, añadiendo que estos dos últimos, "conocedores de la irregularidad en la forma de contratación, consintieron y siguieron contratando a estas personas con el fin de obtener un ilícito beneficio patrimonial personal".
De su lado, afirma que los dos ex secretarios generales técnicos encargados de la gestión del personal, organización y racionalización de las unidades y servicios de la Consejería fueron Francisco Javier Aguado Hinojal, que desempeñó su cargo desde 2004 hasta 2008, y Lourdes Medina Varo, que lo hizo hasta mayo de 2012.
