SEVILLA, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -
Durante el nuevo juicio iniciado este martes por la Audiencia Nacional por la macro investigación de los contratos adjudicados a la empresa sevillana Fitonovo por el presunto reparto de comisiones por parte de sus directivos a funcionarios y responsables institucionales a cambio de tales contratos públicos, el que fuera jefe del Servicio de Planeamiento, Proyectos y Obras Expo 92 de la Demarcación de Carreteras de Andalucía Occidental Rubén Francisco Galeote ha negado que cobrase comisiones.
Durante esta sesión del juicio, Galeote, que no se ha sumado al acuerdo de conformidad alcanzado entre la Fiscalía y siete de los diez acusados, ha defendido que desde su puesto, él no estaba encargado de "adjudicar ningún tipo de contrato" porque no tenía "competencias" para ello, sino que quien tenía la facultad de contratar era el jefe de la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Occidental.
A tal efecto, ha esgrimido un informe técnico que según ha asegurado refleja tal extremo, un informe que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil no incluye en sus atestados, según ha lamentado. "Yo no soy la persona que contrata, ni decide los precios ni selecciona a las empresas", ha insistido una y otra vez, enfatizando que él no contaba con esa "potestad", ni siquiera con los contratos menores.
Su labor, según ha esgrimido, era "acreditar" la realización de los trabajos, pero no según su "libre albedrío", sino con el acompañamiento de una "empresa externa que certifica" el cumplimiento de las obligaciones contratadas. A tal efecto, ha asegurado que la obra señalada en las actuaciones objeto de juicio respecto a él tuvo "hasta tres fiscalizaciones", alegando que durante su trayectoria en la administración ha certificado obras con facturas por un importe global de unos cien millones de euros sin contar nunca con ningún reparo.
"La obra ejecutada por Fotonovo está de acuerdo al proyecto", ha agregado, negando que alguna vez haya "cobrado alguna comisión" y considerando que los documentos de Fitonovo usados para incriminarle serían "una ficción" elaborada utilizando su nombre "para engañar". Así, ha asegurado ser "una víctima" de Ignacio Pulido, comercial de Fitonovo y juzgado en la pieza principal de la trama.
TODOS LOS ACUSADOS
Este juicio abarca la primera pieza de las delegaciones territoriales de administraciones y entidades locales; figurando una decena de acusados, que son al funcionario del Ministerio de Fomento en Cádiz Alfonso Lorenzo Iglesias; el funcionario de la Delegación de la Demarcación de Carreteras del Ministerio de Fomento en Sevilla Rubén Francisco Galeote Espejo; el funcionario del Ministerio de Fomento en Huelva Antonio Nicolás Méndez Cuadrado; el ingeniero técnico de obras públicas de la unidad de carreteras el Ministerio de Fomento Alfonso Martín Barroso; el que fuera jefe del servicio de Carreteras de la Diputación de Sevilla Carlos Manuel Podio; el también funcionario de la Diputación de Sevilla Francisco Javier Heredero Pérez; el funcionario jubilado de esta institución Elías Oliver; el que fuera jefe del servicio de Infraestructuras de la Diputación de Jaén Miguel Ángel Cruz Garrido; el funcionario de Fomento en Jaén Luis Miguel González Palacios y el que fuese concejal popular del Ayuntamiento jiennense de La Carolina Cristóbal Pérez.
Según el escrito inicial de acusación de la Fiscalía, recogido por Europa Press, el funcionario acusado Alfonso Lorenzo Iglesias habría recibido comisiones ilegales por valor de 1.385 euros de la trama; Galeote Espejo 20.000 euros; el funcionario también acusado Martín Barroso 67.336 euros; Méndez Cuadrado 5.800 euros; Carlos Manuel Podio Lora 111.822 euros, así como regalos de telefonía; Elías Oliver Morales 17.221 euros y dos coches en los que el encartado se habría ahorrado el IVA; Heredero López habría recibido 25.400 euros; Cruz Garrido 852 euros, así como artículos de informática; González Palacios 2.610 euros y una cámara de vídeo; y Cristóbal Pérez Martínez 38.929 euros.
COHECHO ACTIVO COMETIDO POR FUNCIONARIO
Así, la Fiscalía les atribuye delitos de cohecho activo cometido por funcionario público, reclamando inicialmente para cada uno de ellos cuatro años de cárcel, multas de 6.000 euros y siete años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.
Pero al comenzar la sesión, en la fase de las cuestiones previas, el tribunal ha anunciado un acuerdo de conformidad entre la Fiscalía y las defensas de siete de los acusados, en concreto con los inculpados Alfonso Lorenzo Iglesias, Alfonso Martín Barroso, Carlos Manuel Podio, Elías Oliver Morales, Francisco Javier Heredero Pérez, Luis Miguel González Palacios y Miguel Ángel Cruz Garrido, quienes reconocen los hechos y han comparecido sin afrontar preguntas por las partes.
La Abogacía del Estado y la acusación ejercida por la Diputación de Sevilla se han adherido a dicho acuerdo, aunque la representación de la institución provincial sevillana ha anunciado que está "en trámite de ampliar" sus acusaciones al funcionario Carlos Manuel Podio, agregando al delito de cohecho activo los delitos adicionales de fraude a la administración, falsedad en documento mercantil y malversación de caudales públicos, además de la petición de que el citado funcionario sea condenado a "reintegrar" a la entidad 111.822,61 euros.
LA DEFENSA DE PODIO SE OPONE
La defensa de Carlos Manuel Podio ha avisado de que los hechos habrían prescrito respecto a su patrocinado y, además, se ha opuesto a esa "nueva calificación" alegando una situación de "indefensión efectiva", oposición que ha secundado la defensa de los dos restantes funcionarios de la Diputación de Sevilla acusados en este juicio.
Al respecto, el tribunal ha avisado de que dicha cuestión previa de la Diputación de Sevilla "ahora no se puede admitir", sino que la Diputación habrá de plantearla "en el momento procesal oportuno" de la vista oral iniciada y, entonces, "la sala se pronunciará si procede o no" ampliar la acusación contra Podio.
Las defensas de Rubén Francisco Galeote Espejo, Antonio Nicolás Méndez Cuadrado y Cristóbal Pérez, de su lado, han expresado la "no conformidad" de los mismos respecto al acuerdo alcanzado entre la Fiscalía y el resto de encartados.
