CÓRDOBA, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -
El coordinador de IULV-CA, Antonio Maíllo, ha destacado que su formación apuesta por "un desarrollo territorial armonizado" en Andalucía y que estaría situado, en cualquier caso, "lejos de la cultura especulativa del ladrillo".
En rueda de prensa, Maíllo ha reaccionado así ante el anuncio de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, de que el Gobierno andaluz ultima un nuevo decreto sobre las competencias que tiene la Administración autonómica en materia de ordenación del territorio y que se presentará "como un proyecto para facilitar a los ayuntamientos reducir los plazos de tramitación de los planeamientos urbanísticos", en base a la idea de "facilitar las iniciativas que busquen el desarrollo del territorio, siempre desde el respeto a nuestra sostenibilidad".
Ante esto, Maíllo ha aclarado que "parte" de lo anunciado por la presidenta andaluza se refiere al "cumplimiento de directivas europeas", pero también ha pedido "que nadie se llame a engaño" con este asunto, pues "sería generar expectativas falsas" pensar "que la construcción será, como lo fue la década pasada, el motor" del crecimiento económico en Andalucía.
Otra cuestión, según ha señalado el líder de IU en Andalucía, es que la construcción "sea un sector importante, pero dentro de un modelo de diversificación económica", en el que la construcción esté "vinculada" a "los programas de rehabilitación, de movilidad y de transporte, que suponen inversiones en infraestructuras y actuaciones que pueden mover a antiguos sectores de la construcción en favor de un desarrollo territorial armonizado y lejos de la cultura especulativa del ladrillo".
En cuanto al acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía de enajenar 75 inmuebles propios en la comunidad autónoma para ingresar unos 300 millones de euros, Maíllo ha dicho que le parece "muy bien" la medida, ya que "la Administración andaluza debe asumir cuestiones de racionalidad en el uso del patrimonio", siendo también preciso que la Junta logre "liquidez", pues "ha recibido 1.200 millones de euros menos por imposiciones del Gobierno central", como consecuencia de las políticas para reducción del déficit y por los recortes en transferencias, y la Junta precisa dinero para asegurar "el mantenimiento de los servicios públicos".
