JAÉN, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -
La secretaria general de Regeneración, Racionalización y Transparencia de la Junta de Andalucía, Nuria Gómez, ha presentado este jueves en Jaén el proyecto de Ley contra el fraude, la corrupción y protección de la persona denunciante y ha señalado "responde a una demanda de ahondar en la lucha contra esta lacra que es la corrupción".
Acompañada por a la delegada territorial de Regeneración, Justicia y Administración Local, Marián Adán, ha explicado que esta norma prevé la creación de la Oficina contra el fraude y que el Parlamento de Andalucía está tramitando por vía de urgencia para tratar de aprobarla antes de verano.
Ha recordado que el texto ha recibido esta semana las aportaciones de agentes sociales y jurídicos como sindicatos, empresarios, el Defensor del Pueblo, la Fiscalía Anticorrupción o el TSJA, cuyos responsables "coincidieron en valorar muy positivamente la creación de este órgano independiente de prevención, investigación y sanción de conductas que durante años han hecho que los andaluces pierdan la confianza en las instituciones".
Tras la comparecencia de los agentes sociales, los grupos parlamentarios tienen de plazo hasta el próximo jueves para registrar enmiendas parciales, después de que ninguno de ellos presentara enmiendas totales al texto. Gómez ha incidido en que la nueva ley "responde a una demanda de ahondar en la lucha contra esta lacra que es la corrupción y que durante años ha azotado a Andalucía".
Según ha dicho, uno de sus aspectos principales es la creación de una Oficina andaluza contra el fraude y la corrupción, que "ha sido una firme apuesta de Juan Marín desde que llegó al Parlamento andaluz en 2015 y que ahora es un compromiso en marcha de este Ejecutivo recogido en el acuerdo de gobierno".
"Estará adscrita al Parlamento para garantizar su independencia del Gobierno de turno, una independencia que han valorado especialmente tanto el Ministerio Público como el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía", ha manifestado la secretaria general.
La oficina será dirigida por una persona de reconocido prestigio y experiencia, elegida por la Cámara por una mayoría cualificada y con un mandato de cinco años improrrogable. Su personal estará formado por funcionarios de carrera que tendrán la consideración de autoridad pública.
"Además de investigar, prevenir y tramitar las denuncias, la Oficina tendrá potestad sancionadora, con multas de entre 300 y 100.000 euros para infracciones, como incumplir el deber de colaboración con su labor, cualquier coacción a su personal o las denuncias falsas o tergiversadas", ha detallado.
Su ámbito de actuación no se limitará a la Junta y sus entes instrumentales, sino que se extenderá a las entidades locales y universidades públicas, así como a personas y entidades privadas cuando hayan sido adjudicatarias de contratos públicos o subvenciones.
PROTEGER AL DENUNCIANTE
Ha añadido que la norma vendrá a "proteger al denunciante de estas corruptelas y evitar que sufra represalias", como es el caso del empleado público andaluz, al que se le ofrecerá la posibilidad de reubicarlo en otro puesto del mismo nivel si así lo desea, quedando reservado el de origen mientras dura la investigación de su denuncia.
La Oficina contra el fraude ofrecerá "un canal seguro" para alertar de estas malas prácticas, ya que en todo momento garantiza la confidencialidad, así como el derecho a conocer el estado de la tramitación de la denuncia, a ser notificada de los actos y resoluciones que se dicten, a que las denuncias finalicen con resolución expresa y motivada, a no sufrir represalias y a la reparación de los perjuicios injustificados sufridos mediante la asesoría legal y psicológica gratuita.
Además, según ha detallado Gómez, el texto incluye una modificación de la Ley de Incompatibilidades de los altos cargos para "impedir que sean titulares o autorizados de cuentas en paraísos fiscales y legislar algo que este Gobierno ya está aplicando de facto como es apartar a cualquier encausado o condenado de su puesto en la Administración andaluza.
La Oficina asumirá también las sanciones en estos casos, algo que hasta ahora hacía el Consejo de Gobierno, "lo que supone un plus más de garantía al encargar el control del Ejecutivo en esta materia a un órgano independiente".
APUESTA POR LA REGENERACIÓN
Por su parte, la delegada territorial ha defendido que "la apuesta de este Ejecutivo andaluz con la regeneración y la transparencia es firme". "De hecho, en el reciente acuerdo de garantía de estabilidad suscrito por las dos formaciones que componen el Gobierno, Cs y PP, se incluye el compromiso, cito textualmente, para la profundización en la regeneración democrática y la política de reformas, tras décadas de mala gestión y corrupción de los gobiernos socialistas en Andalucía", ha comentado.
Adán ha resaltado que, además de esta ley, ya están vigor las instrucciones que regulan el sistema de selección de las personas que ocupan cargos directivos en las entidades instrumentales y la evaluación anual de su trabajo por objetivos que, en caso de no de llegar a una tasa de cumplimiento del 30 por ciento, será causa de cese de esos directivos.
Igualmente, ha recordado que la Consejería trabaja en una Ley de Evaluación de Políticas Públicas y un Código de Buen Gobierno, "además del impulso que estamos dando a la limitación de mandatos y el fin de los aforamientos".
