GRANADA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Junta de Andalucía está elaborando un informe jurídico y otro sanitario y social contra el anteproyecto de la ley del aborto que prevé enviar en próximas fechas al Gobierno central para argumentar su rechazo y pedir su retirada por cuestionar la "capacidad de decisión de las mujeres" y suponer un riesgo para aquellas que acudan a vías clandestinas para la interrupción de su embarazo, entre otros aspectos.
Así lo ha señalado a los periodistas en Granada la consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez, quien ha explicado que es la Consejería de Presidencia la que está coordinando todas las áreas, que será la que finalmente remita estos documentos, en los que también trabaja la Consejería de Justicia e Interior, al Ejecutivo de Mariano Rajoy.
En lo que respecta a su Consejería, Sánchez ha explicado que la Junta incide en sus "razones importantes" para mostrar su rechazo a la nueva norma, que tienen que ver con la toma de decisión de las mujeres sobre su maternidad y por lo tanto sobre su "capacidad de decisión". En ese sentido, ha hecho hincapié en "el riesgo que supone poner en sospecha la capacidad de obrar de las mujeres", que no solamente puede incidir en el aborto, "sino en otro tipo de temas". "Si a ti te dicen que no tienes capacidad de decidir, se puede aplicar para otras decisiones, por ejemplo, en caso de divorcio o tutela de los hijos. El tema es muy arriesgado", ha dicho.
En materia sanitaria, la Junta advierte en su informe de la posibilidad de que se hagan interrupciones del embarazo "no controladas", fuera del ámbito sanitario público. "Es un retroceso importante porque en primer lugar cualquier situación de malformación no contemplada, cualquier situación que tenga que ver con un aborto que se haga de manera clandestina va a repercutir en la salud y en riesgos para la propia mujer", ha indicado tras la información del caso publicada este lunes por El País.
