La Junta se posiciona en contra de la tramitación de la iniciativa de ayuntamientos para una Ley andaluza de cultura

SEVILLA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta ha manifestado su "criterio contrario" respecto a la toma en consideración de la Iniciativa Legislativa de los Ayuntamientos para una Ley de la Cultura de Andalucía, promovida por once consistorios andaluces; en concreto, los de Andújar y Arjona (Jaén), Carboneras y Dalías (Almería), Ayamonte y Cortegana (Huelva), Conil de la Frontera (Cádiz), Sevilla, Genalguacil (Málaga), Montilla (Córdoba) y Peligros (Granada).

Así consta en un acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno en su reunión del pasado martes, 15 de marzo, consultado por Europa Press, al respecto de esta iniciativa que, según reza su propio texto, apuesta por impulsar una Ley de la Cultura de Andalucía "con la finalidad de asegurar y promover los derechos culturales de la ciudadanía de la Comunidad andaluza a través del fomento de programas públicos y políticas culturales que defiendan el valor de la cultura como bien común y los derechos de acceso a la cultura y de participación en la vida cultural como pilares de la construcción de una sociedad más igual y democrática".

En su acuerdo, el Consejo de Gobierno sostiene que "Andalucía posee unos instrumentos públicos potentes, tanto legislativos como operativos, que garantizan una idónea cobertura del cumplimiento de los derechos de los andaluces a acceder a la cultura y de las obligaciones del Gobierno andaluz a satisfacer esos derechos".

Así, el Gobierno de PP-A y Ciudadanos (Cs) subraya que el artículo 68 del Estatuto de Autonomía para Andalucía "detalla las amplias competencias exclusivas y ejecutivas" que en el ámbito de la cultura tiene la comunidad autónoma, que cuenta "con una prolija normativa para garantizar el cumplimiento de los preceptos estatutarios" al respecto.

De hecho, el Consejo de Gobierno señala que "determinados aspectos recogidos en la Iniciativa Legislativa de los Ayuntamientos, como son la participación ciudadana, la sostenibilidad ambiental y la realización de los objetivos del desarrollo sostenible (Agenda 2030), la igualdad de género o la composición equilibrada de mujeres y hombres en los diferentes órganos de la Administración, así como en los órganos colegiados de carácter consultivo, ya aparecen regulados en la legislación autonómica".

Igualmente, "la legislación específica recoge, como plantea la Iniciativa Legislativa de los Ayuntamientos, el acceso de la ciudadanía a museos, archivos, bibliotecas y centros de documentación, el acceso a la cultura a través de medios telemáticos y nuevas tecnologías y a los recursos de información", continúa el acuerdo del Consejo de Gobierno, que subraya así que "no existe un déficit legislativo en esta materia, y mucho menos con carácter programático característico de la Iniciativa referida, ya que las leyes y normas vigentes en Andalucía amparan ya los derechos de los andaluces y las obligaciones de los poderes públicos".

Además, desde la Junta avisan de que, "desde el punto de vista competencial", esta Iniciativa Legislativa de los Ayuntamientos "puede generar un conflicto de competencias, ya que la atribución que hace a la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico obvia la regulación establecida por el Decreto del Presidente 2/2019, de 21 de enero, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías".

"De igual modo, algunas de las previsiones se refieren a competencias de los ayuntamientos, pareciendo omitir que las administraciones locales ya tienen definidas en su ámbito territorial sus competencias en materia de cultura, por lo que su actuación de desarrollo reglamentario o de ejecución de sus iniciativas ha de quedar circunscrito a su competencia", señala también el acuerdo del Consejo de Gobierno.

El Ejecutivo andaluz argumenta también en su posicionamiento contrario a la tramitación de esta iniciativa que la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, dirigida por Patricia del Pozo, "cuenta con diversos órganos asesores especializados en las diversas materias reguladas en la Iniciativa Legislativa", de forma que existen "instrumentos de participación suficientes que no hacen necesaria la creación de un nuevo órgano asesor como es el Consejo de la Cultura y de las Artes previsto en la Iniciativa Legislativa de los Ayuntamientos".

LA JUNTA ALERTA DE POSIBLE "INCREMENTO DE GASTO" CON LA INICIATIVA

"En definitiva, Andalucía posee unos instrumentos públicos potentes, tanto legislativos como operativos, que garantizan una idónea cobertura del cumplimiento de los derechos de los andaluces a acceder a la cultura y de las obligaciones del gobierno andaluz a satisfacer esos derechos, en cumplimiento de sus deberes competenciales", subraya este acuerdo del Consejo de Gobierno del pasado martes, que además avisa de que "la implementación de gran parte de las medidas contenidas en la proposición de ley presentada conllevaría un sustancial incremento del gasto para el presupuesto de la Junta de Andalucía".

Dicho aumento presupuestaría se daría "tanto desde el punto de vista de recursos humanos, cuanto por el incremento de los capítulos de gastos corrientes y de inversiones que serían exigibles para el diseño, estudio, organización e implantación de las medidas contempladas en la iniciativa legislativa", añade el Consejo de Gobierno, que, por todo ello, ha acordado manifestar su criterio contrario a la tramitación de esta proposición de ley.