SEVILLA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, ha calificado este miércoles la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) como "una ley cara", afirmación que ha precisado "no es por su coste económico", sino por atribuirle que "no nos aporta nada" y ha reclamado que "las universidades no sean moneda de cambio para aprobar los Presupuestos del Estado" durante una comparecencia en el Pleno del Parlamento.
El consejero ha escuchado del Grupo Socialista que "el problema del PP es que le duele poner dinero para las universidades", mientras que el Grupo Por Andalucía ha apreciado que las críticas hacia la LOSU son "un elemento más para confrontar contra el Gobierno".
Gómez Villamandos, quien ha afirmado que se trata de una norma que "no tiene el informe positivo del Consejo de Estado" y que "su memoria económica es fraudulenta" porque ha planteado que "si no el Ministerio de Hacienda se hubiese opuesto a esta ley", ha apuntado que el coste para las universidades andaluzas de la aplicación de las exigencias que conlleva la Ley Orgánica del Sistema Universitario asciende a 156 millones mientras que la Administración del Estado "nos ofrece siete millones algo, no llegamos a ocho millones" para la figura del profesor contratado doctor, cuyo coste para la Comunidad es de 30 millones.
Tras poner de manifiesto que la aplicación de la ley se ha demorado hasta 2028, fecha donde ha barruntado "un probable cambio de gobierno" y con ello que "ese problema lo asuma otro", ha pedido a la ministra Diana Morant que "coja el toro por los cuernos" y "haga cambios en el articulado", el consejero ha afirmado que la LOSU "no era la ley que España necesita", mientras que ha señalado déficits como que en el ámbito de los derechos y deberes "no se habla de corresponsabilidad de los órganos de gobierno, ni de esfuerzo".
Gómez Villamandos ha apuntado que la normativa estatal "influye en la carrera académica de forma preocupante", mientras que en la gobernanza lo hace "de soslayo", así como ha descrito que "se ha vulnerado la autonomía universitaria, que es un derecho constitucional, sobre todo en políticas de personal", que ha simbolizado con la afirmación de que "ahora no vamos a saber cómo se llaman los profesores", al tiempo que ha reivindicado que "nosotros hemos recuperado el contratado doctor" y se ha lamentado de que la LOSU "deja a cada Universidad la libertad de darle su nombre".
Después de apuntar que "las nuevas generaciones tendrán más complicado el proceso de entrada en la Universidad y la consolidación de su carrera", ha esgrimido que "se perdura en la precarización" y ha considerado que la obligatoriedad de establecer un mínimo de 120 horas de actividad docente anual para el profesorado a tiempo completo "impide la captación de talento" porque "no se van a poder contratar", antes de hablar de "una endogamia absoluta" a partir de "la promoción interna ad hominen".
Ha defendido que "el sistema universitario español vertebra el territorio", de lo que ha puesto como ejemplo que España "es el sexto país dentro del top del 5% de las mejores universidades del mundo", por lo que ha apuntado que España cuenta con "universidades tremendamente competitivas", además de que "tenemos universidades con un intenso compromiso territorial, local".
LOS GRUPOS
El parlamentario socialista Antonio Ruiz ha reprochado a Gómez Villamandos que "se ha quitado el birrete para sumarse a la refriega política" y ha defendido que "una ley ambiciosa implica financiación", para considerar un ejercicio de "valentía" la aspiración de dedicar el 1% del PIB a financiación universitaria.
Ha elogiado la contribución de la LOSU por abrir "el debate de subir la financiación para lo público", ha señalado que en la época de Rajoy el debate era "el despido encubierto de centenares de profesores asociados", ha afirmado con ironía que "el problema es que aún no existen los conciertos con las universidades privadas", antes de colegir que "Moreno Bonilla tiene un problema con la financiación que exige la LOSU".
"Usted tampoco ha nacido para ser un exrector", ha dicho el parlamentario del PSOE, quien ha acusado al consejero de tener el ánimo de "erigirse en el salvador de la universidad española" por el hecho de anunciar su intención de recurrirla en el Tribunal Constitucional.
El diputado de Vox Alejandro Hernández ha sostenido que "con una ley como la LOSU no vamos a remontar posiciones en ningún momento", antes de recordar que "entró en vigor en marzo del pasado año, nos opusimos, votamos en contra" mientras que la ha considerado "una ley de discordia, de caos, que encarna el desorden", a la que ha atribuido con la exigencia de destinar una financiación conjunta entre Estado, comunidades autónomas y universidades de llegar al 1% del PIB "una brecha entre las regiones y división entre españoles", antes de mostrar su aspiración por "el distrito único universitario en toda España" y de señalar que el gasto por alumno universitario andaluz es de 6.884 euros, mientras que para un alumno vasco es de 8.478 euros.
La portavoz adjunta de Por Andalucía, Esperanza Gómez Corona, ha defendido la existencia de una comisión de trabajo con las comunidades para la aplicación de la LOSU y se ha preguntado "cuánto dinero hace falta" para su implantación tras esgrimir que los cálculos de nuevas plazas de profesores difieren entre las 4.298 y las 5.036 de las que ha hablado la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), que en el caso de Andalucía ha situado en 532 plazas para Andalucía, mientras que se ha lamentado de "una crítica feroz (del Gobierno andaluz) no del todo explicada".
Gómez Corona ha hablado de "una financiación de las universidades insuficiente, infrafinanciadas, ahogadas", de manera que para "el coste de la LOSU partimos de una financiación que no es buena".
El diputado del PP José Carlos García ha argumentado que "la LOSU se aprueba con una memoria económica ridícula", mientras que "rectores, sindicatos, comunidades señalan una falta total y absoluta de financiación", por lo que ha colegido que en este contexto "se hace necesaria una nueva Ley de Universidades para Andalucía", mientras que a la LOSU le ha atribuido ser "muy cara para las universidades", antes de calificar como "irrisorios" los ocho millones ofrecidos para Andalucía, "diecisiete veces menos de lo que necesitan" y advertir de que "Andalucía no va a aceptar limosna".
