Llop: La Presidencia del Congreso resolverá "con arreglo a la legalidad" sobre la inhabilitación de Alberto Rodríguez

CÓRDOBA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha dicho este viernes al ser cuestionada sobre el hecho de que todavía la Cámara Baja no haya tomado una decisión sobre la ejecución de la sentencia con pena de inhabilitación contra el diputado Alberto Rodríguez de Unidas Podemos que "se trata de una controversia jurídica que existe entre los servicios jurídicos de la Cámara y el Tribunal Supremo, que debe resolver la Presidencia de la Cámara Baja y lo hará con arreglo a la legalidad".

Así lo ha manifestado a los periodistas antes de clausurar en Córdoba el XXXV Congreso de la Unión Progresista de Fiscales 'Reencuentro Progresista', acompañada de la subdelegada del Gobierno en la provincia, Rafaela Valenzuela.

Preguntada por si la decisión será en breve tiempo, Llop ha manifestado que "el Ejecutivo ahí no tiene nada que hacer, ni que decir, porque se trata de una cuestión que corresponde al Legislativo y el judicial".

Al respecto, el presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, ha remitido este viernes una carta a la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, en la que le responde que descarta cualquier error en la sentencia condenatoria del diputado Alberto Rodríguez, y en la que le señala que la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo es una pena accesoria "obligada".

En la misiva, enviada al Congreso a través del presidente del Supremo, Carlos Lesmes, Marchena apunta que esa obligatoriedad deriva del artículo 56.1.2 del Código Penal, y que se debe imponer cuando hay una pena privativa de libertad, "como ha sucedido en el presente caso".

Batet decidió este jueves solicitar al Tribunal Supremo que aclarara el alcance de la pena que impuso al diputado de Unidas Podemos. Lo hizo dos días después de que el PSOE y el grupo confederal, que suman mayoría en la Mesa de la Cámara, concluyeran el martes que esa condena no implicaba tener que dejar sin escaño al parlamentario canario.