SEVILLA, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -
El Defensor de la Infancia y la Adolescencia en Andalucía, Jesús Maeztu, ha trasladado este martes al Defensor del Pueblo de España, Francisco Fernández Marugán, su preocupación por el proceso de repatriación a Marruecos de menores extranjeros que están en Ceuta, toda vez que considera "muy importante" recordar "la necesidad de anteponer la salvaguarda del interés superior del menor en la toma de cualquier decisión que le afecte", además de enfatizar en "la necesidad de escuchar al menor antes de adoptar cualquier medida sobre su futuro".
Según ha explicado la Defensoría en un comunicado, tras la noticia de que la Justicia ha paralizado estas devoluciones al menos durante 72 horas, el organismo andaluz ha trasladado esta problemática a la Defensoría nacional, así como las quejas que ha recibido de las entidades sociales que trabajan con la institución, "mostrando su apoyo y colaboración" con esa Defensoría para velar por el cumplimiento de los derechos de estas personas menores de edad.
El Defensor de la Infancia ha señalado que "así lo recogen" las estipulaciones contenidas en la Convención de Derechos del Niño de Naciones Unidas de 1989, la Directiva de la Unión Europea sobre el Retorno (2008/115/CE), la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España o lo que "expresamente señalan" las normas de protección de personas menores de ámbito estatal y andaluz.
En el caso concreto del proceso de repatriación de estos menores extranjeros, el organismo ha defendido que la aplicación de esta normativa "implica" que antes del retorno de la persona menor a su país de origen "hay que analizar de manera individual cada caso particular" para determinar qué medida de protección es "la más adecuada, duradera y que responda a sus necesidades y bienestar", de manera que la decisión que se adopte debe ir precedida "de un riguroso estudio y análisis" de que el retorno y las condiciones de la reagrupación familiar "es la mejor decisión en interés superior del niño".
La Defensoría andaluza ha destacado que "es consciente" de que existe un amplio acuerdo sobre la conveniencia de que todo menor se forme y desarrolle en el entorno socio-familiar que le es propio, pero recuerda que la salvaguarda de su protección "exige" garantizar que "no concurran circunstancias que aconsejen la separación del menor de dicho entorno familiar por existir en el mismo elementos que pongan en riesgo la integridad de sus derechos". En la misma línea, ha considerado "contraria" cualquier medida que pretenda forzar su retorno a su país de origen en contra de su voluntad.
"La vulnerabilidad de este colectivo y la responsabilidad de los poderes públicos de garantizar su protección demanda no solo la máxima garantía en el proceso de retorno si no que además este vaya acompañado de un proceso transparente y claro, con una información concisa y dirigida a todos los organismos y entidades responsables que permita conocer los criterios adoptados para decidir qué menores han de retornar y las razones que justificarían dicha decisión, así como cualquier otra medida que deba adoptarse", ha asegurado.
Para la Defensoría andaluza, junto a las declaraciones del Defensor del Pueblo, "la transparencia y claridad son claves" y constituyen "la mejor garantía" de que se está respetando el derecho de defensa de los extranjeros menores frente a unas decisiones administrativas "que pueden estar en contradicción con sus propios deseos e intereses o que no cumplan con los requisitos legales establecidos".
Por último, el Defensor andaluz ha confiado en que el reciente anuncio de la paralización de estas devoluciones ordenada judicialmente "contribuya a garantizar la protección integral de estos menores", y en su caso, la repatriación a su país de origen que sea necesaria "se realice bajo el más estricto cumplimiento de los requisitos legales establecidos y el respeto a los derechos de estos niños y adolescentes".
