La Junta exigirá la colegiación en los nuevos pliegos para contratar trabajadores de unidades de violencia de género

 Juan Marín, comparece en comisión parlamentaria.
Jesús Prieto - Europa Press - Archivo
Actualizado: jueves, 23 mayo 2019 13:51

En marcha un plan de refuerzo de la atención a las víctimas con ocho Unidades de Valoración más y 95 interinos para los juzgados

SEVILLA, 23 May. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha precisado este jueves que desde que su departamento dio la orden para que los trabajadores de las unidades de valoración integral de violencia de género y equipos psicosociales se colegiasen, a día de hoy sólo faltan por hacerlo un 12,5 por ciento de los mismos, mientras ha informado de que los nuevos pliegos de contratación exigirán a las entidades adjudicatarias, entre otras cuestiones, que garantice la colegiación de los trabajadores.

Así lo ha trasladado Marín a la comisión parlamentaria de su departamento, donde ha comparecido a petición propia para informar de las últimas medidas adoptadas por su Consejería respecto a las referidas unidades de valoración y también sobre el refuerzo que va a acometer en los juzgados y órganos judiciales que tiene atribuidas las competencias en Violencia contra la Mujer.

Tras explicar que se está elaborando el borrador del protocolo para la estandarización de los informes que elaboran estos equipos, tanto los modelos como los plazos de entrega, Marín ha explicado que han dado orden de "no renovar contratos o sólo prorrogar los que sean necesarios el tiempo imprescindible" para convocar una nueva licitación pública y, a partir de ahí, utilizar el nuevo pliego de prescripción técnica.

De este modo, ha explicado que los nuevos procesos de contratación va a incluir, entre otras medidas, la homogeneización de los precios, que la entidad adjudicataria garantice la colegiación de los peritos "cuando lo exija la normativa", y en materia de relación laboral de los trabajadores, "se exigirá que los trabajadores que presten sus servicios estén vinculados al empresa".

Asimismo, el vicepresidente ha indicado que el gabinete jurídico está estudiando la posibilidad de articular una colaboración con los colegios de psicólogos y el Consejo Andaluz de Trabajo Social para, mediante un convenio, "agilizar la emisión de informes psicosociales".

"SOLO EL 12,5% NO ESTÁ COLEGIADO"

Igualmente, y replicando a Vox, que ha insistido en que el 50 por ciento de los trabajadores de la violencia de género no están colegiados, Marín ha precisado que los datos facilitados sobre este asunto por la Junta corresponden a los años 2012-2019, si bien "hoy no es el 50 por ciento de los profesionales los que no están colegiados, sólo el 12,5 por ciento de los trabajadores de los equipos psicosociales no lo están desde que dimos la instrucción de hacerlo hace unos meses".

Y sobre los médicos forenses, ha concretado que solo el 11,1 por ciento de no están colegiados, por lo que cree que "vamos en la dirección correcta de acatar la sentencia que decía que teníamos la obligación de que estos trabajadores estén colegiados", aunque ha defendido también que estar o no colegiado "no te da más o menos capacidad" para ejercer sus labores, a la par que ha apostado por la formación para seguir avanzando, alguna de las reclamaciones que le han traslado los grupos parlamentarios.

REFUERZO DE LOS JUZGADOS

Asimismo, y al objeto de para disminuir el atasco en la tramitación de expedientes y dar mejor atención a la ciudadanía, "se van a reforzar los juzgados y órganos judiciales que tengan atribuidas las competencias de Violencia sobre la Mujer", mediante un plan que va a desplegar funcionarios de cuerpo de tramitación donde actualmente no dispongan de ninguno de ellos con carácter ordinario.

En concreto, Marín ha precisado que se van nombrar a un total de 95 tramitadores interinos correspondiente al cuerpo de tramitación procesal y administrativa, que comenzarán a trabajar el próximo 3 de junio y que supondrá un coste de dos millones de euros.

Ha explicado que esta medida se suma al anunciado Plan de Choque para las Unidades de Valoración Integral de la Violencia de Género, que supondrá prácticamente duplicar el número de equipos actuales, pasando de nueve a 17. Cada uno de estos equipos está compuesto por un médico forense, psicólogo y trabajador social.

Actualmente, hay un equipo en cada una de las capitales de provincia, salvo en Cádiz, ya que en Algeciras disponen de uno. De esta forma, todas las provincias contarán con dos unidades, y en el caso de Cádiz con tres, a partir de la primera. Este plan de choque supone una inversión de más de 740.000 euros que se financiará con las cuantías asignadas por el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

MÁS FORMACIÓN QUE COLEGIACIÓN

En el turno de posicionamiento de los grupos, por el PSOE-A, la diputada María de las Mercedes Gámez ha pedido a Marín que el refuerzo en los juzgados se mantenga en el tiempo y no sea algo puntual, así como que aclare en qué provincias se va a ejecutar el mismo, mientras ha criticado que haga estos anuncios ahora, a tres días de las elecciones municipales y europeas.

Entretanto, ha criticado que "se le da un altavoz al socio en la sombra del Gobierno andaluz --en alusión a Vox--, a su discurso acusador y persecutorio de todas las personas que día a día ponen lo mejor de sí mismo en la lucha contra la violencia de género". "Flaco favor hacemos cuando permitimos que se ponga en tela de juicio a personas que tienen ese encargo", ha lamentado antes de apostar por la formación "específica y continua", que debe proporcionarle la administración, porque "la colegiación no da ni la excelencia ni la profesionalidad, eso lo da la formación".

Inmaculada Nieto, por Adelante Andalucía, ha señalado que es "muy positivo y necesario el refuerzo" de las unidades de valoración de violencia de género y equipos psicosociales en los Juzgados de Familia, si bien ha pedido que no sea algo puntual sino que se mantenga "de manera estable".

Después apuntar que "la colegiación no garantiza que sea el perfil más adecuado para tratar un tema específico", ha pedido que los pliegos incluyan la obligatoriedad de que los trabajadores tengan formación específica en materia de violencia de género y que las empresas cumplan con los convenios laborales.

Por Vox, Ángela Mulas ha saludado que las nuevas contrataciones públicas relacionadas con los peritos psicosociales "tengan como condición sine qua non que estén colegiados" porque, a su juicio, "una es forma de reforzar la profesionalidad y que la emisión de esos informes sean lo más certero posibles a la hora de valorar las vicisitudes que plantea cada asunto".

Tras recordar que Vox pidió a la Junta estos datos y finalmente los conoció gracias a "con el respaldo del PP-A y Cs" y a pesar de las críticas del PSOE-A y Adelante, ha lamentado que el 50 por ciento de los trabajadores que no estaban colegiados "han elaborado informes que derivaron en condenas" y espera que las nuevas empresas que contraten están vinculadas al ámbito.

Carmen Céspedes, diputada del PP-A, ha celebrado las medidas anunciadas por el titular de Justicia y sobre la colegiación de los profesionales ha dicho que es necesaria "pero no hay que cargar las tintas sobre esa colegiación, es una garantía para los usuarios pero científicamente no aporta nada más". "Estamos en el camino, mejorando todo lo que había que mejorar, y además se acortan los tiempos de espera", ha agregado.

En nombre de Cs, Raúl Fernández ha destacado que la comparecencia de Marín "demuestra que se cumple con el compromiso de dotar de medios materiales a la justicia y la necesidad de descongestionar los juzgados en esta materia", mientras que ha dicho que la colegiación de los trabajadores no persigue garantizar su objetividad, que no pone en duda, sino "que puedan responder si existe alguna negligencia".