SEVILLA, 8 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción (OAAF) ha expresado este viernes que se suma al lema Unidos contra la Corrupción con motivo del Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción, que se conmemora este sábado, día 9 de diciembre, y también conmemora el 20º aniversario de la Convención de Naciones Unidas contra esta lacra global.
A juicio de este organismo de extracción parlamentaria, es una jornada que "hace hincapié en la necesidad de hacer frente a este desafío a través de un esfuerzo colectivo y coordinado de gobiernos, sector público y privado, sociedad civil, medios de comunicación y ciudadanía".
"Ambas conmemoraciones invitan a la reflexión y al análisis crítico sobre los factores que provocan que en España exista todavía una amplia y marcada percepción de la corrupción como elemento ligado a las instituciones", ha asegurado la Oficina Andaluza Antifraude en un comunicado.
Apela en ese sentido a los datos del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2022, publicado por Transparencia Internacional, para argumentar que "España no avanza en sus esfuerzos de prevención y lucha contra la corrupción y sigue bajando posiciones con respecto a años anteriores".
A juicio de este organismo vinculado al Parlamento de Andalucía "esta imagen negativa no solo provoca desconfianza y desafección en las instituciones públicas, sino que afecta de forma directa al desarrollo económico y empresarial", por cuanto genera un escenario "que favorece la disminución de la inversión debido a la incertidumbre", a lo que añade otros efectos como "la distorsión competitiva del mercado al beneficiarse unas empresas respecto a otras" y por ello "al aumento de la fuga de talento hacia entornos más íntegros".
"Las últimas decisiones políticas como la amnistía de graves delitos de corrupción pública o la supresión de órganos de control y fiscalización autonómicos tampoco contribuyen a mejorar una opinión cada vez más deteriorada de la acción pública de gobierno", argumenta la Oficina Antifraude.
El director de la Oficina Andaluza Antifraude, Ricardo Puyol, ha destacado que "en Andalucía, la apuesta por la acción coordinada y el esfuerzo colectivo desplegado en la lucha contra la corrupción ha producido cambios significativos en el funcionamiento de las administraciones públicas, la cultura de la integridad y la conciencia de cumplimiento de la Ley".
A juicio de este organismo, "la ciudadanía andaluza está cada vez más comprometida a la hora de exigir la rendición de cuentas", aunque de igual forma reclama la máxima transparencia e integridad en la gestión de los fondos públicos.
Ese compromiso considera que "se ha visto reforzado con la entrada en vigor de la Ley 2/2023 reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción", por cuanto obliga a "la implantación de canales de denuncias en administraciones públicas, ayuntamientos, universidades y empresas".
INCREMENTO DE DENUNCIAS EN LA OFICINA ANDALUZA: SE MULTIPLICAN POR 10
En ese sentido ha esgrimido el incremento exponencial de denuncias recibidas en la OAAF, que han pasado de 35 en 2022 a las 450 registradas en lo que llevamos de 2023.
"Unas cifras que, si bien pueden hacer creer que la corrupción está aumentando", en opinión de la Oficina Andaluza Antifraude, "no es más que un síntoma de la confianza en los mecanismos de nuestra Comunidad autónoma para la detección y erradicación de actos corruptos".
Este organismo parlamentario ha asegurado centrar sus esfuerzos en "la prevención de conductas irregulares en la administración y apostando por el fomento de ética pública con iniciativas como la elaboración de un código ético general dirigido al sector público, la puesta en marcha de un proyecto de acreditación de organizaciones por la integridad pública (OIP) o el lanzamiento de un barómetro sobre la percepción de la corrupción en Andalucía".
"Para fortalecer estas acciones y reducir el impacto de la corrupción es necesaria la colaboración y la coordinación a todos los niveles, desde la participación activa, informada y responsable de la ciudadanía en la supervisión de la gestión pública y en la denuncia de prácticas corruptas, hasta el compromiso colectivo de entidades públicas y privadas en la consolidación de una cultura de la integridad que ha venido para quedarse", ha sostenido la Oficina Antifraude en su comunicado.
